El Gobierno concede a Andalucía 521.000 euros para la exhumación de fosas dentro de su plan de memoria democrática
La comunidad será la que más reciba con casi un 17% de los tres millones que se han distribuido
A diferencia de otras comunidades, Andalucía ha ratificado públicamente que mantendrá la ley de memoria histórica y está tramitando su primer plan con Juanma Moreno como presidente
Trabajos en la fosa de Pico Reja de Sevilla
El nuevo plan andaluz de memoria histórica, que ha iniciado este año su tramitación, contará en 2024 con una aportación estatal de 521.198 euros para trabajos de exhumación, dignificación o divulgación de fosas comunes existentes dentro de su territorio. Andalucía es así la comunidad ... que más recursos ha obtenido en este reparto con casi un 17% de los fondos (equivalente a la población) y 100.000 euros más que la segunda comunidad (Cataluña). Además, los datos difundidos por el Ministerio reflejan que al contrario de lo que ha ocurrido en otras comunidades, la comunidad ha ejecutado el presupuesto que fue asignado en 2023 y sólo hay reconocido un remanente de 12,11 euros.
El Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha aprobado así el reparto de tres millones de euros entre las comunidades autónomas. De los cuales 2 millones están asignados a proyectos de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura y 1 millón de euros se centran en trabajos de «dignificación» de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos.
La Junta de Andalucía se encuentra en estos momentos en plena tramitación del primer plan de memoria histórica promovido desde que Juanma Moreno accedió a la presidencia (el anterior databa de 2018). El documento, al contrario de lo que ha ocurrido en comunidades autónomas con gobiernos de PP y Vox, reconoce la ley andaluza de memoria histórica y establece como prioridades la exhumación de fosas, la identificación de las víctimas o una línea de participación. Programa una inversión de 5 millones de euros para conseguir los objetivos de «verdad, justicia y reparación» hasta 2027.
Desde la oposición y desde las principales asociaciones memorialistas no obstante cuestionan el nivel de ejecución de las medidas por parte del Gobierno andaluz. La interpretación realizada en repetidas ocasiones por PSOE, Por Andalucía o Adelante Andalucía es que se «está dejando morir la ley sin aplicarla pero sin derogarla como han hecho otras comunidades».
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