La Faffe también enchufaba a familiares en empresas contratadas con subvenciones en Andalucía

En un atestado entregado el 29 de febrero pasado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, avanzado por ABC, el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que la fundación utilizaba empresas externas con el único propósito de «contratar a determinadas personas, sin atender a las necesidades reales de la Administración, ni a los criterios establecidos para estos procedimientos, tales como mérito, capacidad, igualdad y publicidad».

Los agentes llegan a esta conclusión tras analizar 235.125 mensajes que aparecen en las cuentas de correo electrónico de distintos mandos de la antigua entidad pública. Han sido extraídos de un disco duro intervenido por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el desvío de dinero público en una entidad que llegó a manejar unos 300 millones de euros, siendo la Administración autonómica su principal fuente de ingresos en una comunidad que lideraba la tasa de paro en España.

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Los agentes sospechan que dichas contrataciones «se construyen de manera artificial» con el fin de beneficiar a allegados a los propios directivos de la entidad pública, que es la que «financia sus nóminas», aunque las encargadas de darles de alta en la Seguridad Social son empresas proveedoras como ANova XXI y Proyempleo con las que previamente se llegaba a un acuerdo a cambio de un encargo. Ambas están administradas por Jesús Manzorro, un antiguo conocido de Fernando Villén, el ex director general de la Faffe en los ocho años en los que ésta estuvo funcionando (2003-2011) y secretario de Empleo en la Ejecutiva del PSOE andaluz entre 2008 y 2010.

El modus operandi se pone de manifiesto en distintos correos examinados por la Policía Judicial. Primero se decidía a quién contratar y posteriormente se buscaba «algún concepto que permitiera encuadrarlo en alguna subvención», destaca el informe. Una vez que se encuentra el programa al que endosar el sueldo, se inflaba el gasto para compensar al proveedor pagándole una suerte de comisión.

«La Fundación le transfería el importe necesario a la sociedad para la nómina del trabajador, más un porcentaje», que llegaba al 15% «como beneficio» para la adjudicataria. Así lo recoge un correo que recibe el 30 de junio de 2010 María del Mar Fernández Pardo, adjunta a la dirección de Administraciones Públicas de la Faffe, por parte de un responsable de la empresa Proyempleo, donde éste le indica el coste de uno de estos trabajadores.

Este sistema llegó a ser tan recurrente que los empleados de la fundación de la Junta tenían sus propios códigos en clave para denominar a estos 'enchufados' externos. Los llamaban los 'outsourcings' o directamente su propia abreviatura en inglés, los 'outs', es decir, personal subcontratado. Algunos de ellos incluso llegaron a trabajar en los servicios centrales de la Faffe en tareas de «organización, escaneado y archivo de documentación», sin ser funcionarios ni tener potestad para manejar expedientes oficiales.

El informe policial menciona varios correos que evidencian este tipo de contrataciones encubiertas. El 21 de febrero de 2008, Natividad Gálvez, directora de Servicios Generales de la fundación, mandó un correo a Anna Valls, que está al frente de la gestión económico-financiera. Le pide el favor de que tenga en cuenta el currículum de su sobrina, María Araceli G. E., para un proceso selectivo en marcha o «cualquier otro que creas [que] encaje». Carece de experiencia laboral, pero «es despierta y desenvuelta», le escribe. También le remite el currículum a otra adjunta a la dirección de Desarrollo de Personas con el siguiente ruego: «Trátalo con cariño por favor».

Su súplica fue escuchada. La sobrina de esta directiva estuvo contratada a Proyempleo entre agosto de 2008 y septiembre de 2010, «año en el que pasa a formar parte, directamente, de la plantilla de la Faffe», indica la UCO. Cuando el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE) disolvió la fundación, en mayo de 2011, esta trabajadora fue absorbida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde sigue estando en nómina.

La Guardia Civil apunta a que la Faffe confeccionó un expediente de contratación 'ad hoc' con dicho proveedor «con el objetivo de obtener los fondos con los que sufragar» la nómina de esta persona. Los trabajos facturados, que le costaron 45.953 euros, «realmente nunca se llegarían a ejecutar», sospechan los investigadores.

El 20 de julio de 2009, Carmen Lozano Vargas, que dirige el área de Garantías Institucionales en la Faffe, envía otro correo a la adjunta a la dirección del departamento de Personal. Le emplaza a hablar sobre determinados 'outs' porque «no se me ocurre qué funciones poner a dos de ellas» para justificar los contratos. «Estoy espesita», se sincera.