La Fiscalía, implacable contra la vieja cúpula de UGT Andalucía: «El sindicato defraudó masivamente fondos públicos»

La cuantía presuntamente defraudada ascendió a 40.750.047,74 euros, lo que evidencia que las facturas simuladas no fueron, ni mucho menos, un caso aislado. Así lo cree el fiscal Anticorrupción Fernando Soto, que en el juicio se mostró implacable contra los antiguos dirigentes de la UGT-A: «El sindicato institucionalizó el fraude y lo pactó con sus proveedores». El objetivo era «defraudar masivamente fondos públicos a la Junta», concluye.

Desde este lunes, un tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzga al exsecretario general de la UGT-A Francisco Fernández Sevilla y a otros cuatro mandos sindicales por supuestos delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad documental, por los que se enfrentan a 26 años de cárcel en total y una multa que suma 200 millones de euros.

La primera jornada del juicio, que tiene programadas sesiones hasta el 5 de junio próximo, sirvió para dilucidar las cuestiones previas. En esta fase inicial, las defensas se afanaron en desacreditar la investigación de la Guardia Civil y de la juez Mercedes Alaya, quien empezó a indagar en la presunta financiación irregular del sindicato en octubre de 2013. Los abogados de los acusados tacharon de «desproporcionada» e «inquisitorial» la instrucción que puso al sindicato en la diana por una presunta ‘contabilidad b’.

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Las defensas no dejaron títere con cabeza. Cuestionaron los registros de sedes, empresas y domicilios en busca de pruebas, desarrolladas en diciembre de 2013 y junio de 2014, estas últimas ordenadas por otro juez, Juan Jesús García Vélez, y también arremetieron contra las detenciones policiales de algunos de los acusados, que llegaron a considerar «ilegales».

Las demás partes trataron de desmontar las que consideraron «falsedades» de las defensas para tratar de anular el juicio apelando a una vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia o la tutela judicial, violaciones que ni la Fiscalía ni las acusaciones ejercidas por la Junta o el PP vieron por ningún sitio. Se opusieron por ello a las pretensiones de frenar el proceso.

Especialmente pedagógica fue la exposición que el fiscal Fernando Soto hizo en la sala tras escuchar la batería de reproches que lanzaban desde la bancada situada a la derecha del tribunal presidido por el magistrado Ángel Márquez. Nada más comenzar el juicio, afirmó que hay «indicios suficientes» para concluir que desde la central de compras de la UGT-A «se solicitaba a los proveedores falsificar las facturas para engañar a la Junta de Andalucía». La diferencia entre el coste real de las compras y el ficticio se acumulaba en un saldo a favor de la central para financiar sus actividades que no se declaraba a la Junta de Andalucía.

«Tal es la osadía» del sindicato que «llega a ponerle el nombre de bote» en el manual de instrucciones del sistema informático empleado para gestionar esta suerte de ‘contabilidad b’, comenta el fiscal. Había tantos botes como proveedores que pasaran por el aro con tal de tener como cliente a la UGT-A, detalla la investigación.

Durante la sesión previa, el fiscal relató que las abundantes pruebas documentales que quieren invalidar las defensas fueron recabadas por la Fiscalía Superior de Andalucía, que abrió una diligencias de investigación tras un informe de la Cámara de Cuentas regional sobre el fraude de la formación publicado en 2012, y por la Guardia Civil en sus posteriores registros de sedes sindicales en diciembre de 2013. No salieron de la filtración de documentos atribuida al exempleado de la central Roberto Macías, que fue condenado en firme a un año de prisión por un delito de revelación de secretos por filtrar a medios de comunicación una «información reservada y sensible» de la trama de las facturas simuladas.

Antes de que hiciera su aparición la figura de Roberto Macías, el 18 de agosto de 2013, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil avisó a la juez Mercedes Alaya, que por entonces investigaba el caso ERE, de que el sindicato disponía de «un depósito financiero», el llamado bote, que se nutría con las facturas de las empresas contratadas para impartir cursos.

El abogado del exsecretario de Administración y Finanzas y tesorero de la UGT-A, Federico Fresneda, comparó las pruebas «obtenidas ilícitamente» con la lista Falciani, la revelación de 130.000 fichas de evasores fiscales por parte de un informático que trabajaba para el banco HSBC, datos que fueron utilizados en España para perseguir penalmente a los defraudadores.

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Al hilo de esta comparación, el fiscal Fernando Soto denunció que Falciani, en este caso, «es la propia UGT-A», que depositó en una notaría una copia de su disco duro que contenía el sistema informático Spyro utilizado para gestionar los botes. Lo hizo cuando elaboraba una querella contra sus trabajadores despedidos mediante un ERE. «El sindicato se ha autofabricado su propia prueba en contra», puntualizó.

Anticorrupción también respaldó la actuación de Alaya, que dentro del caso ERE abrió una pieza aparte sobre el fraude de la UGT. En Andalucía, «cuando se ofrecía una promesa de ayuda a un empresario» se materializaba de distintas formas (avales, incentivos, ayudas para ERE o a la formación) «en una especie de pack», detalló.