El caso del ex 'número dos' del PSOE andaluz Rafael Velasco llega a la Fiscalía Europea por «defraudar» fondos de la UE

En un auto de 85 páginas dictado el pasado 20 de marzo, donde expone las actuaciones llevadas a cabo y los indicios que pesan sobre Velasco y su familia, el magistrado acuerda elevar el sumario a la Fiscalía Europea, toda vez que el 80% de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía bajo distintos gobiernos socialistas estaba cofinanciado con el Fondo Social Europeo. De este modo, deja en sus manos dilucidar «si asume o avoca para sí la competencia para la instrucción/investigación de la causa» abierta en el juzgado.

La esposa, dos cuñadas, su propio hermano... Hasta cuatro parientes de Rafael Velasco Sierra estuvieron trabajando para Aulacen Cinco S.L. y cobraban sueldos, de manera irregular, con cargo a las subvenciones de la Junta destinadas a impartir cursos a desempleados. Todos ellos figuran como investigados por supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación.

La academia en la que figuraba la mujer del político como administradora recibió durante cuatro años hasta 730.000 euros de la Junta de Andalucía para impartir cursos de formación cuando él mandaba en el partido que gobernaba la comunidad autónoma. La presente causa se centra en cuatro expedientes de subvenciones concedidas entre 2006 y 2009 a Aulacen Cinco S.L. por un montante total de 193.938,30 euros.

El magistrado justifica el envío de la causa a la Fiscalía Europea porque «la actuación fraudulenta objeto de las presentes actuaciones podría afectar a los intereses financieros de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el 80 por ciento del importe de las subvenciones concedidas en favor de Aulacen Cinco S.L. se habría financiado con cargo al Fondo Social Europeo». Las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil y el Juzgado apuntan a «la posible perpetración de un delito de fraude de los presupuestos de la Unión Europea merced al artículo 306 del Código Penal», señala el instructor.

La Fiscalía Europea sería competente en este sumario aunque no se hubiera abonado la subvención a Aulacen Cinco con fondos europeos. Basta con comprometer el dinero público, expone, el juez, que suspende las declaraciones de otros investigados, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández –que está encarcelado por el fraude de los ERE–, y tres ex altos cargos de la Junta de la etapa del PSOE.

La academia de Velasco «habría sido beneficiaria injustamente de una continuada disposición de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía —y del Fondo Social Europeo— para la realización de actuaciones formativas», afirma el instructor.

El magistrado destaca que la empresa llevó a cabo «un efectivo proceso de captación y selección de alumnos, destacando al respecto el hecho de que tres de ellos mantendrían relación de parentesco, de amistad y/o laboral con el matrimonio formado por Antonia M. L. y Rafael Velasco. Así, el juez detalla que Álvaro O. R. es el cónyuge de Inmaculada M. L., hermana de Antonia M. L.; Juan Alfredo F. L., fue chófer de Velasco Sierra y es ex marido de Rafaela M. L., hermana a su vez de Antonia M. L.; Olalla María F. L. es hermana de Juan Alfredo F. L.

Al chófer de Velasco se le preguntó durante la instrucción cómo tuvo conocimiento de la actividad formativa desarrollada por Aulacen Cinco S.L. Su respuesta fue que, «a través de su ex cuñada, Rafaela A M. L., tiene conocimiento de que se ha publicado un curso de informática. Fue su ex cuñada quien le realizó todos los trámites oportunos. Ella tan solo tuvo que acudir el primer día de clases».

La entidad «habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular», en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.

El que fuera ‘número dos’ del PSOE andaluz dimitió de su cargo orgánico, dejó el escaño autonómico y abandonó la política en octubre de 2010, después de salir a la luz las ayudas que había recibido. A partir de 2014, cuando se destapó el fraude masivo de la formación en Andalucía, se abrió una causa judicial contra él que se ha abierto paso a trompicones entre parones en las diligencias, archivos, anulaciones y, por último, la pandemia.

La causa fue archivada por la anterior instructora y titular del Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, decisión que luego revocó la Audiencia Provincial de Sevilla tras estimar un recurso presentado por el PP-A. Por esta razón, Vilaplana reabrió la investigación en julio de 2021.