El caso Koldo se extiende ya por toda la geografía andaluza

Se trata de obras en distintas provincias. Desde Sevilla a Jaén o Granada, pasando también por Almería, Cádiz, Córdoba, Málaga o Huelva entre otras. La lista parece ir creciendo a medida que se conocen más datos. De hecho el Parlamento de Andalucía aprobará en el pleno de la próxima semana una iniciativa del PP (una proposición no de ley) para que se auditen todas las obras y adjudicaciones que se encuentran bajo sospecha.

Sin duda la más conocida de todas y de la que más se ha hablado es la ampliación del puente del V Centenario en Sevilla, una obra que debía haber concluido en 2023 y que sigue sin fecha de conclusión ya que sólo se han colocado cuatro de los 88 tirantes del citado puente. Se trata de una infraestructura que fue adjudicada por 86,4 millones de euros y que ha tenido sobrecostes hasta alcanzar los 128,7 millones de euros.

Según las pesquisas, hay indicios de que pudieron pagarse sobornos que podrían alcanzar l os 100.000 euros e incluso hasta 550.000 ligados a Ábalos y su entorno con Santos Cerdán como mediador. En la investigación se apunta un intento de modificar los criterios de evaluación de los proyectos para favorecer a empresas concretas sin pasar por la mesa de contratación oficial. La construcción de esos tirantes «habrían generado un beneficio económico a Ábalos.

También en Sevilla se investiga el desdoble de la N-IV en el tramo Dos Hermanas-Los Palacios en ese miso sumario. Se sospecha que, igual que ocurrió en otras obras, habría sobornos por parte de constructoras implicadas para asegurar la adjudicación del proyecto. De hecho se está analizando si se modificaron criterios técnicos o se ejerció algún tipo de presión política para favorecer a determinadas empresas saltándose los canales oficiales de contratación.

En la provincia de Almería se habla también de supuestos sobornos de Acciona vinculados a la construcción de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería. Es una de las asignaturas pendientes en materia de infraestructuras en Andalucía ya que la llegada a la comunidad del corredor Mediterráneo fue anunciada por el Gobierno central para 2026, sin embargo sigue sin fecha.

Se investiga si hubo comisiones ilegales a favor de las constructoras en la etapa en la que José Ábalos era ministro de Fomento. Se habla de un tramo Adif para la plataforma del corredor Mediterráneo adjudicado por 121 millones de euros a la UTE Ferrovial Agroman -Acciona Construcción como la primera en valoración subjetiva y «la segunda oferta más cara entre las 14 licitadoras».

Según la investigación, en una conversación mantenida entre Santos Cerdán y Koldo García el 2 de febrero de 2022, el entonces asesor del ministro alegaba que hasta esa fecha se le habían abonado a José Luis Ábalos 550.000 euros «procedentes de dos licitaciones de Murcia«, siendo una de ellas el tramo de AVE entre Pulpí y Vera, adjudicado en 2019.

Jaén tampoco se escapa a las supuestas comisiones ya que en la lupa de los investigadores aparece un proyecto para la autovía A-32 (Linares-Albacete) y la carretera N-322 (Córdoba-Valencia) en su tramo Úbeda-Torreperogil. Los agentes encontraron una nota «en uno de los dispositivos móviles propiedad de Koldo, con fecha 29 de marzo de 2019, la cual versaba 'Úbeda a torreperogil aprobar el modificado ya y como viene y es de OPR'».

Granada también aparece reflejada en el sumario por los registros que se hicieron. Concretamente la UCO acudió a tres pisos y varias empresas que se ubican en las localidades de Huétor Vega, Peligros y Baza y guardan relación con dos empresarios, uno de ellos exasesor del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Los registros se hicieron para seguir la pista a los empresarios Fernando Merino y Antonio Fernández Méndez, denominado Toño, de la localidad granadina de Baza y exasesor del actual delegado del Gobierno en Andalucía y secretario provincial del PSOE, Pedro Fernández que también fue alcalde de Baza. Ambos empresarios eran además cuñados.

En el punto de mira se ha puesto la contratación de la mujer de Koldo, Patricia Uriz, que estuvo empleada en Áritec-Anfersa, una de las empresas de Baza, desde 2022, «menos de dos meses después» de una adjudicación pública. La investigación recae sobre el contrato que Adif otorgó el 25 de mayo de 2022 por valor de 557.699,18 euros a la UTE Aritec-Anfersa, algo llamativo porque ese contrato publicó se hizo supuestamente a una UTE que aún no se había constituido. Era un contrato para el suministro y transporte de balasto para la sustitución de desvíos en las estaciones de Marchena, Osuna y Pedrera. Línea de bifurcación Utrera-Fuente de Piedra.

Hasta la provincia de Cádiz también llegaron las ramificaciones ya que uno de los principales personajes de la trama, el empresario Víctor Aldama, logró una concesión de dos edificios municipales en San Roque en el año 2021 e intervino en la compra de un chalet en la urbanización de lujo La Alcaidesa. La compra se hizo al parecer el mismo año que la concesión y la casa, valorada en más de 665.000 euros, fue usada ese verano por el exministro.

Igualmente en el sumario aparecen notas de Koldo García relacionadas con el proyecto de conservación del enlace de Tres Caminos en el municipio gaditano de Puerto Real.

En cuanto a Huelva tras conocerse el informe de la UCO donde se obra de supuestos amaños en obras públicas a cambio de comisiones, el PP ha denunciado recientemente que se ha sabido que la empresa a la que se adjudicaron los accesos del hospital de Lepe por 3,1 millones de euros tenía al comisionista Koldo García en nómina en el momento de la adjudicación. Al parecer la empresa dejó el proyecto poco después lo que supuso que quedara paralizada la obra del acceso y generando un grave perjuicio para compañías locales y el avance del equipamiento sanitario.

Parece ser que las ramificaciones del sumario podría llegar igualmente hasta la provincia de Córdoba, donde se están realizando algunas investigaciones.