El Parlamento aprobará auditar todas las obras andaluzas afectadas por la mordida

Mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, manifestaba que su gobierno «revisará» las obras estatales en la comunidad que están afectadas por presuntas «mordidas» en el 'caso Koldo', el grupo popular ha presentado una proposición no de ley denominada «Adjudicaciones de obras públicas afectadas por las mordidas del PSOE de Andalucía' en la que denuncia una trama vinculada al exministro Ábalos y otros cargos del PSOE que habría afectado a obras en Andalucía.

Entre ellas la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla (102 millones de euros), y dos obras de la línea de alta velocidad Murcia- Almería (280 millones), además de otras de menor entidad, como el desdoble de la N-IV, entre Dos Hermanas y Los Palacios, o la N-322 en Úbeda, Jaén.

Según el informe de la UCO, las mordidas de estas licitaciones equivaldrían a cientos de miles de euros, a repartir entre los tres, a lo que se une el sobrecoste en la ejecución de la obra.

Se trata además de obras fundamentales para la movilidad en Andalucía. La de alta velocidad Murcia-Almería, anunciada para 2026 y aún no tiene fecha de puesta en marcha.

Por otro lado, la sustitución de los tirantes del puente del Centenario y su ampliación debería haber concluido en 2023; sin embargo, se han ido encadenando retrasos, y la obra ni ha terminado, ni hay fecha para concluir. Sus costes, previstos en 76 millones, casi se han doblado hasta 132. Y algo parecido ocurre con la SE-40 que acumula retrasos y sobrecostes, y cuya conexión entre el Aljarafe y Dos Hermanas sigue sin empezar.

Se trata de indicios «demasiado alarmantes» sobre unas obras que, además de soportar la habitual «desidia y abandono», ahora se ven «manchadas por las corruptelas del PSOE», con el consiguiente aumento de demoras y sobrecostes que esto supone.

También aparece el nombre del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, relacionado con la trama de mordidas y que uno de sus asesores, Toño Fernández, intervino supuestamente para obtener trato de favor en concursos de la A-63 y A-32.

Por ello los populares critican el uso de procedimientos sin competencia y con un único licitador en muchos contrato y proponen auditorías y fiscalización de las obras investigadas para evaluar los perjuicios económicos.

La iniciativa, que será aprobada por la mayoría absoluta del PP, aboga por la celebración de convenios para recuperar fondos desviados sin paralizar las obras y también que se apliquen penalizaciones y deducciones a las empresas que incumplan. El PP pide que la Delegación del Gobierno de explicaciones y que se auditen y fiscalicen todas las obras investigadas para conocer su repercusión económica y si ha habido sobrecostes y desviaciones presupuestarias.

Se solicitarán informes periódicos al Parlamento sobre las actuaciones llevadas a cabo y rechazan la política económica del Gobierno de España por su mala gestión presupuestaria y contratación pública y se pide un canal de denuncia interna.

Critican la falta de presupuestos, el endeudamiento y el abuso de contratos menores y se denuncia la caída de la competencia en las licitaciones y el aumento de adjudicaciones sin publicidad. Se solicitan reformas legales para mejorar la supervisión y control posterior de grandes contratos y más transparencia y publicación de toda la documentación contractual. El Parlamento exigirá responsabilidades políticas y legales por todo ello.