Siete juzgados más y reponer jueces frente al colapso judicial de 2023 en Córdoba

Sánchez Zamorano ha vuelto a incidir en muchas de las peticiones que viene haciendo desde años atrás para conseguir que la Justicia en Córdoba salga del atasco en el que se encuentra. De hecho, ha incidido en que estamos antes «un año de récord», pero por sus datos negativos y «al borde del colapso». En este sentido, ha recordado que la situación «no es peor que un año antes, está igual que hace un año» de mal, ya que que no se han tomado las medidas para mejorarla.

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El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba ha reclamado como principales demandas la creación de siete nuevos juzgados. Uno todavía no aparece en la última memoria, pero se incorpora como novedad: es la creación de un segundo Juzgado de Violencia contra la Mujer. Con dos opciones, que sea provincial, como Menores, o que se comarcalice a los partidos judiciales más cercanos.

Igualmente, ha demandado, como ya aparecen en la Memoria del año 2023, la creación de seis juzgados más en la capital. Son la implatanción de dos Juzgados de Primera Instancia, uno más de lo Mercantil, otra sección de la Audiencia Provincial y dos plazas más de jueces de adscripción territorial para cubrir las necesidades más perentorias.

Sánchez Zamorano también ha abogado por una mejora sustancial de la situación en la provincia de Córdoba. En este sentido, ha desvelado que hay seis juzgados de diferentes partidos judiciales que siguen trabajando «con cuatro funcionarios, es decir, como hace 50 años y esto no debe seguir siendo así».

En el análisis de los 21 Juzgados de Primera Instancia de la provincia ha señalado que los que tienen más necesidades de medios humanos y materiales son Baena, Montoro, Montilla, Priego y Lucena, de la que ha vaticinado que «en dos o tres meses pueda poner en marcha la Ciudad de la Justicia que se merece», tras problemas «técnicos eléctricos y administrativos» que han retrasado su puesta en marcha.

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Igualmente, el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba ha reclamado que se necesitan «duplicar los funcionarios de servicios variables» con el objetivo de que haya más empleados públicos que puedan destinarse «como apaga fuegos» en los juzgados más colapsados.

El presidente de la Audiencia ha desvelado un dato que pone en situación el hartazgo de los jueces ante la situación de colapso. Ha apuntado que «el 40 por ciento de los jueces en España ya se jubilan de forma voluntaria», entre ellos «algunos con 60 ó 61 años en Córdoba, algo que no había visto nunca» hasta ahora.

Cree que la implantación de la Oficina Judicial es fundamental para el desarrollo de la justicia y para salir del colapso, ya que, de alguna manera, supondría «provincializar» la justicia y «acabar con el sistema de partidos judiciales que es del siglo XIX», que impide la movilidad del personal de la justicia.

Sánchez Zamorano también ha lamentado que en muchos casos los señalamientos de las vistas para juicios están llegando a demorarse «hasta un año y medio», por lo que ha apuntado que «una justicia tardía no es justicia».

El presidente de la Audiencia también ha explicado que otro de los grandes «problemas» a los que se enfrenta actualente son «las suspensiones» de las vistas que se han agravado desde «la pandemia y las huelgas de funcionarios y LAJ». A su juicio, las suspensiones «entorpecen la recuperación».

Para Sánchez Zamorano, fuera de la justicia e incluso dentro de la misma y antes de que «haya una resolución judicial», la administración tiene que fomentar el uso de la «mediación para la resolución de conflictos entre las partes», puesto que la justicia tiene que ser «residual». Sin embargo, ahora mismo la mediación tiene un porcentaje muy bajo de uso.

Córdoba actualmente no tiene muchas «macrocausas», ha apunto Sánchez Zamorano. En este sentido, ha reflejado que hay tres principalmente: en el Instrucción 4 con ocho investigados para una estafa que afecta a 2.000 personas; en el Instrucción 7 con 350 imputados por un fraude que ya tiene 200 expedientes de conformidad; y otro en el Instrucción 8 con 28 investigados por un delito contra la Salud Pública.