Urbanismo impone la ley del silencio: los promotores temen represalias si se quejan del retraso de licencias

El arquitecto Antonio Lara ha dado un paso adelante para denunciar precisamente esta actitud. «Creo que los arquitectos y promotores de esta ciudad deberíamos salir a la luz de una vez y protestar poniendo nombres, apellidos y cara ante este pensamiento de esta especie de franquismo sociológico que todavía no hemos abandonado, de acudir a una Administración con miedo a que se castigue; es una postura es absolutamente lamentable». El mensaje es, según Lara: «Dejemos de vivir en la Edad Media con la Administración pública».

Las dilaciones en la concesión de licencia afectan a todos los proyectos, desde pequeñas reformas a centros comerciales, pero a los promotores con grandes obras e intereses económicos más aún y son, a juicio de Lara, «los que deben señalarse, por su interés».

Fuentes consultadas por ABC del Colegio de Arquitectos relatan que el 95 por ciento de estas demoras en las licencias viene provocada por la actualización de la normativa urbanística. El ordenamiento deja fuera a del planeamiento a muchos edificios que forman parte de la historia de la ciudad que necesitan reforma en materia de accesibilidad urgente, denuncian estas mismas fuentes.

En muchas otras ocasiones, relatan estos arquitectos, la GMU no tiene unificación de criterios. Por lo que se dan casos como los de un gabinete de arquitectura que tuvo que iniciar la tramitación de un estudio de detalle porque se lo sugirieron los técnicos como vía para posteriormente, en otras reuniones de despacho con Urbanismo les dijeran que desistieran de este estudio.

«Tuvimos que perder dos años de tramitación y hemos perdido unos 3.000 euros del estudio de detalle y no nos devuelven las tasas», denuncian estos arquitectos. A los promotores, según cuenta a ABC uno de ellos que prefiere mantenerse en el anonimato, «los atrasos de la Gerencia nos generan gastos financieros: tienes que contar con unos costos añadidos innecesarios. Si pides financiación ajena, pues directos o si son fondos tuyos pues de oportunidad al poder haber invertido en otro lugar».

En el caso de este promotor, la espera de una promoción de viviendas fue desde julio de 2017 a enero a 2019. Esta demora genera gastos y este promotor asegura que «lo intento derivar al consumidor en precio». Además, denuncia que «ese movimiento que no se ejecuta son mano de obras y puesto de trabajo que no se está trasladando. Cuando se pone a la venta una promoción hace cuando se compra el suelo y tienes un compromiso de entrega y con ella si hay incumplimiento de entrega de compromiso esto genera unas penalizaciones. Una situación que se repite en Córdoba y que daña la imagen y confianza del promotor en el comprador final.

Los abogados son otros de los que están al tanto de estas demoras, y que en gran medida dan fe de que acarrea gran litigiosidad con la Administración Pública. Es el caso del bufete de Manuel Carrasco de Larriva, socio de , quien asegura que estas dilaciones afectan directamente a sus clientes, son ellos los que «sufren» directamente estos macro retrasos en los procedimientos de concesión de licencias urbanísticas.

En este sentido, Carrasco asegura que «si bien es de justicia advertir que el Servicio de Licencias de la GMU cuenta con técnicos muy cualificados, está absolutamente colapsado por falta de mas técnicos que alivien la carga de trabajo, entre otras deficiencias».

En este mismo sentido aseguran que «hemos tenemos clientes, tanto locales como nacionales e internacionales, que han tenido que esperar más de tres años para la concesión de su licencia de obras y de actividad, incluso hay otros que desde hace más de un año que solicitaron licencia de utilización y aun no le ha sido concedida, con los evidentes perjuicios patrimoniales que ello supone, lo que ha hecho que algunos decidan finalmente no invertir en nuestra ciudad». Es el caso de una multinacional que se quería implantar en la zona del Brillante, entre otros casos, apuntan desde este bufete de abogados.

Supone también retrasos el cambio de normativa de zonas inundables del río, y que precisa del informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ahora no está definido quién tiene que informar si Gerencia o Ministerio. Los arquitectos cuentan que hay expedientes parados por esas circunstancias que afectan a gran parte de la capital. «Si quieres levantar una vivienda en el Campo de la Verdad y la cota de inundación está en un metro por encima del suelo te obligan a hacer una declaración jurada para que el uso de la planta baja no sea vivienda. Pero si tienes una parcela que puedes construir una planta más una pues reduces mucho el uso residencial», explican.

Hay casos parados o varados en la GMU,como el proyecto de apartamentos turísticos en Miraflores de principios de 2017, hasta un hotel en esa zona que data de 2016. El presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos, José Manuel Ríos, explica que ha habido propuestas normativas para intentar desbloquear la situación en la GMU, como el de tramitar expedientes por declaración responsable, pero sin respuesta.