La tontada del Pocito

Tras la sentencia del juzgado, el Ayuntamiento de Córdoba tiene la alternativa de recurrir o empezar de cero. Por ejemplo, iniciando un expediente nuevo con el objetivo de llevar a Pleno el deslinde que tendría que haber realizado desde un principio esta vez de forma correcta. En ese caso, lo más probable es que el Cabildo lleve a cabo un nuevo recurso en el que el juez no entre a valorar razones de forma sino de fondo. Es decir, tendrá que efectuar un análisis de los argumentos de las partes sobre a quién pertenece ese trozo de terreno y llegar a una sentencia que, en su caso, podrá seguir discutiéndos años. Más trabajo para los tribunales de justicia.

De todos los pleitos sobre asuntos de propiedad que enfrentan al municipio y a la Iglesia, este es de lejos el que menos sentido tiene. En el juicio ha quedado acreditado que la propiedad se circunscribe específicamente a lo dispuesto en la parcela catastral, lo que quiere decir que el Cabildo no registró nada que no le correspondiese. Sin embargo, ocurre en ciudades como ésta, que tiene muchos años, que los usos ciudadanos superan con creces a la realidad legal de las cosas. Es muy habitual que terrenos adscritos históricamente a parroquias ya no formen parte del patrimonio del clero y que, de hecho, se encuentren parcelados y ocupados por viviendas privadas, por plazas y por calles. Sencillamente, la ciudad ha ganado terreno a lo que en su día pudo ser una tapia o una verja de forma que ahora hay espacios integrados en la trama urbana a todos los efectos. Si se fijan en la imagen del satélite, éste parece ser el caso.

Cualquiera que conozca mínimanente el barrio de la Fuensanta sabe que el terreno que se está reclamando, apenas unos metros cuadrados, tiene un uso público declarado desde hace mucho tiempo. Es una parte de la plaza que al Cabildo lo único que le puede acarrear en el futuro son gastos y responsabilidades legales. No se trata de un inmueble que esté disponible para la venta ni un espacio con cuya explotación económica se pudieran derivar beneficios futuros. Ni siquiera tiene un valor simbólico o religioso. Es un cacho de calle que, en condiciones normales, solamente sería objeto de noticia si se produjese una mala caída. ¿A qué viene, pues, tanta movida?

En condiciones normales, un gobierno municipal normal hubiera llamado a un obispo normal para abordar la situación. Y los representantes normales de una y otra parte se hubieran puesto de acuerdo en la figura de la cesión que correspondiese. Todas las gestiones hubiesen durado media hora o menos con el coste de dos cortados y media de churros. El problema es que se ha llegado al punto de convertir en un drama griego lo que, desde un punto de vista racional, no lo es si no estuviese por medio esa situación eléctrica donde cada paso que se da se considera el definitivo.  El acabose.

En esta misma página, se ha defendido que pleitos como el de la Mezquita de Córdoba tienen que dilucidarse, en caso de desavenencia, en los tribunales ordinarios de justicia. El del Pocito no es el caso. Se trata de un asunto menor, muy menor, agigantado por el «agit prop» local de los partidos de izquierda que pintan cuernos y rabo a cada alzacuellos. Y por esa filosofía de la resistencia a cualquier precio que se ha instalado en determinadas instancias de la Iglesia donde se ha dado la orden de que no se dé un paso atrás ni para tomar impulso. Mientras tanto, las minutas de los abogados siguen creciendo. Son los únicos que ganan con esta política de que el primero que levanta el teléfono, pierde.