La Sareb denunció en 2015 a los «okupas» de la plaza de la Magdalena de Córdoba

Un portavoz de Sareb confirmó la propiedad de la finca, que estuvo en manos de la inmobiliaria Los Jardines hasta la quiebra de la práctica totalidad de las promotoras que operaban en la capital. Sin embargo, negó enfáticamente que la sociedad hubiera permanecido pasiva al entender que se realizaron todos los pasos para propiciar el desalojo del edificio, cosa que solamente puede ordenar un juzgado salvo que concurra un supuesto de ruina.

De hecho, es precisamente la existencia de un procedimiento legal lo que impide, afirman en Sareb, que se haya podido actuar en la zona, por ejemplo, retirando esas grandes cantidades de basura . Explicaron que la tramitación de un procedimiento judicial de estas características impide la entrada a la finca.

La «okupación» de viviendas se ha convertido en un caballo de batalla constante tanto para propietarios privados como para las instituciones públicas. Desde el Ayuntamiento, expusieron que las competencias de la Policía Local terminan en la vía pública. Es decir, los agentes no pueden actuar de puertas para adentro, por ejemplo en un domicilio particular, porque excede a las funciones asignadas al cuerpo salvo que medie una orden judicial.

Eso sí, desde el área de Seguridad del Consistorio aseguran que la colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía es estrecha y se ha actuado con celeridad ante las denuncias de los vecinos. En este sentido, insisten en lo ya expresado por el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado , que durante las reuniones mantenidas con los vecinos les pidió que denunciaran cada caso.

No obstante, el problema de las «okupaciones» ilegales de viviendas se queda en punto muerto si no se produce una denuncia judicial por parte de los propietarios del inmueble. La gran mayoría de los pisos en los que se introducen familias de forma irregular son propiedad de entidades bancarias , aunque quienes sufren las consecuencias del fenómeno son los vecinos. Los procedimientos en los tribunales tienen el plazo teórico máximo de seis meses, que son los que tienen carácter penal.