Los imputados de los demás

IU, que tiene nuevo coordinador provincial, Sebastián Pérez , desarrolló una impagable labor por la denuncia y esclarecimiento de los contratos menores del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba . Gracias a la tenacidad de la recientemente fallecida Amparo Pernichi, el grupo que dirige Pedro García puso sobre sobre la mesa algunas cuestiones intrigantes en una denuncia formal a la Fiscalía.

En concreto, que el departamento de alumbrado público estaba troceando (presuntamente) contratos para controlar a las empresas que acababan siendo las beneficiarias de sus encargos. Junto a otras irregularidades (insisto, presuntas), un juzgado acaba de llamar a declarar asistidos de abogados a una exalto cargo municipal de Ciudadanos y a un funcionario del Ayuntamiento de Córdoba . En román paladino, han sido imputados por los hechos descritos en la denuncia que acabarán, o no, en una vista oral.

Desde el minuto uno, IU pidió cabezas. Y las consiguió . María Luisa Bueno dejó la coordinación general de Infraestructuras y David Dorado pasó a ser concejal sin cartera antes de que se produjese la imputación formal de nadie. La organización de izquierdas consideró que no era suficiente y que el edil de Ciudadanos tenía que entregar su acta e irse a su casa por los hechos denunciados.

No hay que rebuscar mucho en las hemerotecas para encontrar lo que se decía hace apenas unas semanas: «¿Qué guarda el señor Dorado para que el alcalde no haya sido capaz de cesarlo?», aseguraba el portavoz municipal de IU el pasado 27 de noviembre.

Vaya por delante que la exigencia de responsabilidades políticas me parece sana cuando responde a criterios éticos rígidos . No estoy exactamente de acuerdo con ligarlas a la situación procesal de nadie porque hay cuestiones que, no siendo delito, son inexplicables en el ejercicio público de un cargo institucional. Y hay cuestiones que caben en una imputación que hay que tomarse con cierta calma antes de pedir la cabeza de nadie.

Sucede que IU, que se arrogó una alta exigencia en el caso Dorado , está prácticando una curiosa política del embudo. Muy estrecha cuando se le aplica a los demás y muy ancha cuando es uno de sus altos cargos a quien le toca asumir responsabilidades.

El pasado 12 de enero, se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que condena a uno de sus alcaldes más consolidados de la provincia, el de Nueva Carteya, Vicente Tapia, por un delito de prevaricación administrativa por el que tendrá que cumplir 12 años de inhabilitación para cualquier cargo público.

El fallo confirma un pronunciamiento anterior de la Audiencia Provincial que estima que el alcalde decidió obviar las denuncias y quejas de una familia presentadas contra los ruidos generados por un negocio de hostelería de la localidad. Tapia ha sido condenado, por ende, en dos instancias por beneficiar a un negocio participar por encima de los intereses de ciudadanos a los que tenía que proteger.

El alcalde se ha negado a dimitir y prepara un recurso ante el Supremo al que tiene perfecto derecho . Su partido político, que tan exigente fue hace apenas unas semanas, ha decidido darle su apoyo asegurando que uno y otro caso «nada tienen que ver». Y en eso lleva razón. El que le toca a IU en sus carnes es un hecho probado.