Fraude del alcohol | «Facturábamos unos 64 millones de euros al año con la compraventa de bebidas»

La Fiscalía de Córdoba en su escrito de acusación provisional recogía que el caso se originó a raíz de una investigación de depósitos fiscales que procedía de Barcelona a través de la entrada de mercancía que va a destinatarios finales pero el IVA no se ingresa en la Hacienda Pública pero sí se lo deducen los clientes finales.

La jornada de este juicio -que se retomó ayer después de que se suspendiera el pasado mes de febrero- arrancó con la declaración de los cinco acusados, que se enfrentan a penas de hasta 6 años de prisión y multas de 11 millones de euros.

Algunos de ellos, como D.M., con empresa con sede social en Puente Genil -con más de 45 años dedicado a la importación y venta de bebidas alcohólicas en España- sólo respondieron a preguntas de su abogado defensor- pero la unidad especializada en Delitos Económicos de la Fiscalía de Córdoba pidió la reproducción de sus declaraciones ante el juez instructor en la sala.

Las defensas quisieron dejar constancia al inicio del juicio, que habían impugnado las grabaciones de los teléfonos móviles de los encartados, una de las bases de la Fiscalía y la Abogacía del Estado donde se sustenta la acusación.

El primer acusado D.M. según la declaración en fase de Instrucción a la que se dio lectura en la sala negó que conociese el número de teléfono intervenido desde el que se habían realizado las gestiones relacionadas con este caso y dijo tenía unos 25 o 30 móviles y algunos pinchados».

En esa misma declaración, el acusado explicó que tenía una empresa y trabajaba al por menor, con 5 personas tratando con más de 3.000 referencias de bebidas, y haciendo transacciones del producto. «Buscaban en almacenes de toda España al mejor precio y a ese es al que compran», explicó en su declaración anterior.

Este acusado culpó en esa primera instancia a un segundo acusado E.A. y explicó a preguntas de su abogado que se aprovechaban de ofertas y promociones en la compra de bebidas, y que podrían suponer hasta un euro por botella. Y que, principalmente, se importaba la bebida de Portugal e Inglaterra .

En este sentido, el empresario con sede fiscal en Puente Genil dijo desconocer las operativas del acusado E.A., dueño de una distribuidora de bebidas sevillana pero le consta que tenía en unas naves de la avenida de la Palmera de la capital hispalense 4.000 o 5.000 botellas almacenadas y un Ferrari.

En cuanto a cómo facturaba, la respuesta de este empresario de bebidas y alcoholes «desconozco cómo se elaboraban las facturas, sólo sabía el precio final», dijo al juez instructor. El acusado ha reconocido que su facturación anual de su compañía era de en torno a 60 o 64 millones de euros al año.

En cuanto a si pudo haber irregularidades fiscales, D.M. dijo a preguntas de su abogado que cuando « Alcalá Gurm é, propiedad del acusado E.A. me hacia facturas una vez que entregaba la mercancía se le pagaba con transferencia más IVA». Y a veces, añadió, «le he adelantado el dinero de los camiones con 100.000 o 150.000 euros para sacarlos de Aduanas porque tenía que entregar la mercancía».

A la explicación de la existencia de un pagaré encontrado en la sede de su empresa en Puente Genil por parte de Alcalá Gurmé, el acusado aseguró que ese cheque era de la compra de un Audi S6 que le compró a E.A. pero se marchó sin el cheque y estaba guardado allí para que se lo llevara, pero llegó la inspección y lo encontró».