Las estaciones de servicio de Córdoba anuncian «cierres naturales» al no poder asumir los descuentos

Rafael Larrea , presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Córdoba -que engloba a 80 gasolineras propiedad de pymes y empresas familiares de las 190 que hay en la provincia-, ha confirmado a ABC que ya hay algunos surtidores que han comunicado a sus clientes el cierre de las instalaciones a partir del mismo viernes 1 de abril, primer día en vigor del decreto.

Los propietarios alegan que en ningún caso se trata de un cierre patronal . Puesto que las gasolineras son un servicio esencial, los empresarios no pueden hacer tal cosa. Larrea aclara que sí pueden producirse «cierres naturales» motivados por la incapacidad para hacer frente a las exigencias económicas del Gobierno.

Este nuevo problema se suma a la crisis del Covid, la guerra en Ucrania, la inflación desbocada, la escasez de suministros , la huelga de transportes... y está a su vez relacionado con todos ellos. La clave está en la falta de liquidez de los operadores de pequeño tamaño, que suelen ser negocios familiares con un pequeño número de surtidores.

Son los minoristas quienes deben aplicar el descuento de forma inmediata al cliente, para después solicitar su devolución a la Agencia Tributaria. «No se sabe cuándo se devuelve el dinero, si al mes o a los quince días», explica Larrea.

En el caso concreto de la provincia, las 80 estaciones representadas por Larrea tendrían que asumir un adelanto de entre 1.000 y 2.000 euros diarios . Hasta que el Estado devuelva esas cantidades, por muy rápido que actúe la siempre lenta maquinaria burocrática, un solo propietario puede haber desembolsado unos 100.000 euros , según las cuentas de Larrea. Una cantidad inasumible para la gran mayoría de los pequeños empresarios, a la que sí pueden hacer frente los grandes operadores. La diferencia está en la liquidez.

El Gobierno, consciente del esfuerzo que se pide a los empresarios del sector, incluye en su decreto la posibilidad de solicitar un adelanto del reintegro de los descuentos , que puede alcanzar hasta el 90 por ciento de la facturación media de una estación de servicio. Sobre el papel, es una buena medida correctora; en la práctica carece de sentido.

Para Rafael Larrea, el adelanto de las bonificaciones debe plantearse al menos un mes y medio antes de aplicar la intervención efectiva en el mercado. Sólo así se puede garantizar la liquidez de los pequeños operadores. El decreto del Gobierno, sobre el que se lleva hablando un mes sin entrar en detalles, se ha conocido a 48 horas de su entrada en vigor . Hasta ayer ni siquiera estaban disponibles los impresos para solicitar el adelanto o las devoluciones.

Cuestión aparte es el asunto de los precios . En un escenario de inflación galopante, la tendencia puede llevar a que en pocos días el aumento del PVP se coma la rebaja planeada por el Gobierno. Larrea asegura que en la provincia de Córdoba no se han detectado subidas alarmantes de precios desde el anuncio del Gobierno y esos datos son de libre acceso a través de un portal específico del Ministerio e Transportes que monitoriza el precio de los carburantes día a día.

Los operadores minoristas del sector, con un gran competencia entre sí, trabajan con unos márgenes muy escasos , parecidos a los que se manejan en el ámbito de la distribución alimentaria. Según el portavoz del colectivo empresarial, se mueven en el entorno del 3 por ciento sobre el precio de venta al público.

Con un beneficio tan escaso, las gasolineras necesitan un gran volumen de ventas para garantizar su rentabilidad. Se produce así una paradoja: en las condiciones que plantea el decreto del Gobierno, cuanto más vendan menos dinero tendrán para comprar el siguiente litro de combustible, al tener que detraer 20 céntimos por cada unidad, una cantidad que supera con creces el beneficio obtenido.

Larrea ha recordado otras medidas que el sector ha reclamado al Gobierno y que, en su opinión, habrían tenido el mismo efecto sin cargar el impacto económico inmediato sobre los hombros de las pymes. Son básicamente reducciones o supresiones del IVA y del impuesto de hidrocarburos . Pero también, asegura, se planteó cargar el descuento sobre las empresas mayoristas -grandes sociedades con músculo financiero- en lugar de sobre los vendedores finales del carburante -pequeños empresarios o autónomos-. Ninguna de esas ideas aparecen en el decreto del Gobierno.