Las naves de Colecor, historia de una polémica construcción que cumple 15 años en Córdoba

Ninguno de los políticos que ha prometido su demolición lo ha hecho . Ninguno de los que, por contra, abordaron su legalización parcial han podido llevarla a cabo. Su promotor no es hoy el dueño de la empresa que fue tras sus condenas, una por cohecho y otra por un delito fiscal que es por la que finalmente entró en prisión. Las naves siguen ahí, teóricamente vacías (el último uso que se le pudo comprobar fue de banco de alimentos de Unión Cordobesa), en manos , según todos los indicios, del fondo de inversión que adquirió los activos fallidos del Banco Popular , una de cuyas filiales financió las obras. La multa, de 20 millones tras una corrección realizada por un tribunal, nunca se ha pagado. Sigue en la contabilidad municipal, casi de forma poética, calificada de dudoso pago. Como el elefante en una habitación que todos pretenden evitar.

Arenal 2000 comenzó a realizar obras sin licencia en las instalaciones de la cooperativa lechera años antes de la construcción de las naves . Constan expedientes disciplinarios por derribos parciales y la reforma integral del edificio usando permisos menores , como los que se piden para hacerle la obra a un cuarto de baño. Aquella indisciplina no impidió una inauguración oficial a la que asistió la Córdoba toda. Eran otros tiempos.

En aquellos tiempos, Arenal 2000 aún tenía una frenética actividad constructora , sobre todo, en zonas de la Costa del Sol. El plan inicial de la empresa no fue el de un gran bazar chino. Al contrario, iba a ser un centro logístico de uso propio al detectarse que el comprador de sus viviendas prefería que viniesen con cocina montada y un mobiliario mínimo a la hora de la entrega de llaves.

El proyecto originario pretendía hacer frente a esos objetivos. El plan cambió radicalmente cuando el propietario de la empresa inició sus viajes a China a abastecerse de esos elementos -sanitarios, muebles básicos, ...- y acabó montando una marca propia, Retier, con artículos que iban desde colchones a objetos de decoración. La tienda se llegó a montar con sus líneas de caja , un bazar enorme , un comercio chino pero multiplicado por mucho .

Pese a las denuncias y a los expedientes municipales, Gómez acabó las obras en tiempo récord . «Corriendo más que los papeles» que dijese el entonces presidente de CECO, Luis Carreto. Haciendo caso omiso de las prohibiciones con la duda de qué hubiera pasado si Urbanismo hubiese tomado todas las medidas coercitivas que tenía en su mano como el p recinto policial de las instalaciones o la interrupción de los caminos de acceso. La alternativa municipal del gobierno de Rosa Aguilar (entonces, en IU) fue la establecer la multa más grande jamás impuesta , originalmente de 24,6 millones, y optar por la legalización de las instalaciones siempre que fuese posible. Desde el principio, nadie daba un duro por su abono,

Ni que decir tiene que la multa no se ha pagado . «En sansones machacaos», llegó a decir Gómez que pagaría la sanción. Para quien no coja chiste, los sansones eran el nombre que recibían las chapas de botellas de refresco que usaban los niños para el famoso juego infantil. La multa tuvo que ser notificada de nuevo para impedir su prescripción y todo lo que se ha hecho hasta el momento son embargos preventivos por cantidades menores que no cubren ni de lejos una fracción relevante de la sanción. La multa se convirtió en un problema en sí mism a cuando recibió la consideración de dudoso crédito . El Ayuntamiento de Córdoba generó un déficit de 37 millones de euros en 2008 por esta razón. Ha habido políticos de todos los partidos que han garantizado que la famosa multa se cobraría. La realidad es que la situación tributaria y fiscal de la empresa lo hacía inviable desde el primer momento.

Quince años después , el Ayuntamiento de Córdoba no ha conseguido derribar ni una teja de las naves. Todos los procesos de legalización fueron impugnados por la Junta y anulados por los tribunales. El último intento acabó en 2017, cuando el Supremo dijo basta. Aquel último intento se pactó por IU -entonces en la Alcaldía- y el PSOE cordobés. Promovía el derribo de 15.000 metros cuadrados de las naves a costa de permitirle un uso como centro logístico y comercial. El ahora ministro de Agricultura, Luis Planas-entonces consejero de la Junta-, decidió hacer caso omiso al acuerdo alcanzado por la dirección provincial cordobesa de su partido y llevó el asunto a los tribunales, generando unas tensiones internas de relevancia. El P lan General estableció unos usos tan concretos para esa zona -almacenamiento de productos agrícolas- que cualquier intento de legalizar lo que hay se va a dar una y otra vez con un muro judicial en los dientes.

Teóricamente, el plan especial no está suspendido en su integridad. Se trata exclusivamente de los artículos 14 y 20. Desde 2017 , fecha de la sentencia del Supremo , la Gerencia de Urbanimo nunca ha presentado un plan viable para modificar esos textos que forman el meollo de todo: cuánto sigue en pie y qué usos pueden admitirse . Ni siquiera se tiene claro que haya un promotor dispuesto a asumir unas obras para destruir el cuarenta por ciento del complejo y su posterior reforma para almacenar productos agrarios o ganaderos.

Las grandes palabras se han quedado en nada . El anterior teniente de alcalde de Urbanismo , Pedro García, anunció la demolición de casi la mitad del complejo en el mandato municipal 2015-2019. Su partido, IU, llegó a proponer que el Consistorio asumiese el control de las naves de Colecor con el objetivo de crear un centro de mercancías para los productores agrícolas locales. Nada más lejos, el principal operador de alimentación de la ciudad, la empresa pública Mercacórdoba, estuvo buscando suelos para unas nuevas instalaciones logísticas dadas las restricciones que tienen las actuales ubicadas junto al barrio del Arenal. Colecor nunca estuvo ahí.

En el año que lleva al frente del cargo , no constan declaraciones del alcalde , el popular José María Bellido , sobre qué hacer con Colecor en el caso de que sea posible hacer algo. Tampoco, de su teniente de alcalde de Urbanismo y Hacienda, Salvador Fuentes. El asunto se ha desvanecido de la actualidad aunque las naves siguen en su sitio. Colecor es un edificio sin licencia más de la ciudad de Córdoba, que tiene cientos -si no miles- de edificios construidos sin permiso municipal.

Quince años después , nunca nadie fue imputado , procesado o condenado por estos hechos. Ni por la creación del edificio ni por las decisiones que hicieron posible su finalización. Bellido fue de los pocos políticos que tomó decisiones conducentes a su abono. Como teniente de alcalde de Hacienda, subastó bienes de la empresa como el antiguo matadero de Iccosa para cobrar parte. Cero. Al final de aquel mandato que concluyó en 2015, Bellido acariciaba la idea de subastar las propias naves en septiembre. Eso nunca llegó a ocurrir.

La Fiscalía Anticorrupción decidió que, en tanto legalizables, no día haber delito. Nadie se ha sentado nunca en un tribunal por este motivo a pesar de que los juicios y condenas a parcelistas por levantar casas de cien metros cuadrados se cuentan por decenas. El asunto no llegó siquiera a instruirse como tal. Sí hubo una comisión de investigación que, como tal, nunca sirvió de gran cosa.