Más de 90.000 firmas en sólo cuatro días para reponer el tratamiento a la enferma de Aguilar de la Frontera

La campaña de recogida de firmas se inició el 4 de enero y en tan solo cuatro días ha batido un auténtico récord de apoyos según han puesto de manifiesto en la propia plataforma. Muy pocas solicitudes de apoyo en España han conseguido en tan poco tiempo un número tan grande de adhesiones.

Durante los últimos días han solicitado una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, para hacerle llegar de primera mano la difícil situación que están atravesando.

Tal y como avanzó ABC el pasado 28 de diciembre Teresa Muñoz es una enferma de esclerosis múltiple primaria y progresiva que estuvo recibiendo durante dos años tratamiento con Ocrelizumab pero a principios de 2020 se le suprimió porque, según indican en la petición «es demasiado mayor y ese tratamiento solo se da a menores de 55 años».

Su familia reitera que el Ocrelizumab es el único fármaco autorizado para el tipo de esclerosis que padece y ha demostrado su eficacia para frenar la progresión de la discapacidad en estos pacientes. En febrero del año pasado el personal médico que la atendía le comunicó que no podrían seguir dándole ese tratamiento porque no está financiado para mayores de 55.

A pesar de suprimirlo, indican, «no nos ofrecieron ninguna otra alternativa que ayude a estabilizar la enfermedad ».

Por este motivo desde febrero pasado su calidad de vida ha empeorado notablemente y está perdiendo el equilibrio a pasos agigantados. También está perdiendo la sensibilidad y el deterioro sigue avanzando día tras día.

Al parecer cada dosis de este tratamiento cuesta ent re 6.000 y 8.000 euros . Una cantidad que la familia no puede asumir.

Ni la propia enferma ni su familia entienden cómo después de habérselo dado durante dos años, decidieran quitárselo.

Por su parte, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha expresado este viernes que «en el caso del medicamento en cuestión, se siguen las directrices del Ministerio de Sanidad que establece que es un medicamento con resolución expresa de no financiación ».

Desde dicho departamento han remarcado que «esta norma es de obligado cumplimiento para todos los centros sanitarios públicos». Por tanto, «ninguna comunidad autónoma puede autorizar la dispensación con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud de medicamentos en los que haya una resolución expresa del Ministerio de Sanidad de no financiación, como es el caso».