Un juzgado de Córdoba recibe diez demandas contra el cártel de venta de camiones con sobrecoste

Hasta la fecha sólo diez empresarios u autónomos han presentado la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil en Córdoba pero los afectados podrían ser cientos, ya que el sistema funcionó entre los años 1997 y 2011 para todo vehículo nuevo de transporte de mercancías de masa máxima superior a seis toneladas de cualesquiera de las marcas antes citadas. Incluso pueden reclamar aquellos transportistas que compraron en esas fechas el vehículo aunque ya se haya dado de baja.

Según indicaron fuentes judiciales a ABC, de momento las demandas están siendo tramitadas y cumplen los requisitos para que sigan adelante hasta que se celebre un juicio. Los transportistas cordobeses han llegado con demandas individuales pero muy pocas respecto a las que podrían llegar. Según indicaron estas mismas fuentes, no es que no existan afectados, sino que están a la espera de que se concreten puntos claves y prolegómenos de las demandas para presentar más.

De otro lado, según ha podido saber este periódico, fondos de inversión están comprando a los camioneros la posibilidad de reclamar estas cantidades. El método es acordar el pago de una cantidad renunciando a la demanda a cambio de que se haga efectiva en el acto. El acuerdo es independiente del resto del proceso judicial que emprendan esos fondos de inversión interesados o el acuerdo al que puedan llegar con las grandes marcas implicadas en el futuro.

De momento, las demandas en Córdoba se encuentran en su fase inicial del proceso judicial, dando traslado de la misma a las distintas partes afectadas del hecho, antes de la citación para la audiencia previa. En otras provincias como Valencia o Murcia donde ya se han resuelto algunas las de las demandas la mayor parte de los fallos judiciales son condenatorios para las grandes marca s . Expertos en competencia europea cifran el sobrecoste entre 5.000 y 20.000 euros por vehículo, aunque, según informaron fuentes judiciales, es difícil averiguar el dinero que pagaron de más los propietarios de los camiones vendidos durante los quince años de duración del cártel. Una de las claves es que es preciso calcular si se produjo un perjuicio al camionero al no haber podido trasladar el sobreprecio del vehículo de transporte de mercancías a los clientes a los que estuvo prestando servicio.