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Primera sentencia en España por el cártel de camiones: Volvo, condenada a pagar 128.000 euros a una empresa

Se calcula que hay más de 250.000 afectados en nuestro país que podría costarle a los fabricantes más de 6.000 millones

MadridActualizado:

Primera sentencia en España por el cártel de camiones. El juzgado de lo mercantil número 1 de Murcia condenó el pasado mes de octubre a la filial de Volvo en España a pagar más de 128.000 euros, más los intereses legales, a una empresa por el sobreprecio que esta pagó en 2012 cuando adquirió cinco camiones. La compañía denunciante desembolsó a Renault, que más tarde sería absorbida por Volvo, 495.680 euros, más de un 25% del precio real según consta el informe pericial realizado por Perito Judicial Group, el cual subraya «la dificultad del cálculo llevado a cabo». En el auto, la jueza encargada de la instrucción rechaza que Volvo España no tuviera responsabilidad de los actos realizados por su matriz ni por Renault en su día.

Se conoce al cártel de camiones a las acciones que realizaron los fabricantes de estos vehículos Daimler, Iveco, Man, Renault, Volvo, Daf y Scania, los cuales de 1997 a 2011 concertaron los precios de los camiones de medio y alto tonelaje, una práctica que era «contraria a la libre competencia». Estos precios conllevaban de media un alza de más de un 20% del real.

Por ello, la Comisión Europea, tras varios años de investigaciones, sancionó en 2016 a todos los fabricantes implicados con una multa de 3.000 millones de euros. Además, Bruselas también acusó a los grupos de retrasar deliberadamente la entrada en el mercado de vehículos con tecnología para disminuir las emisiones contaminantes y trasladar a los consumidores los costes de la adopción de dicha tecnología, que llegaba a suponer un incremento de 5.000 euros.

Después de destaparse la trama, fueron miles de transportistas los que interpusieron demandas, siendo Alemania el país donde más sentencias a favor de estos se han llevado a cabo. Tras esta primera sentencia en España, se estima que puede haber más de 250.000 afectados en nuestro país, lo que puede suponer 6.000 millones de euros en indemnizaciones para los afectados.