La Junta de Andalucía pide a Urbanismo poder vender suelo del Parque Logístico de Córdoba

Urbanismo se está pensando la respuesta y aún no ha dado signos a la Junta de Andalucía de cuál va a ser su decisión. En esta cuestión, chocan directamente dos disposiciones oficiales. El Plan General y la normativa de desarrollo, el plan especial aprobado, establecen que al ser un equipamiento público el régimen de gestión tiene que estar ligado siempre a la propiedad pública de los terrenos . Lo que dicen los documentos municipales es que el suelo puede alquilarse o entregarse en régimen de concesión por una serie de años. Pero siempre tienen que volver a la propiedad de la Junta de Andalucía . La legislación sobre parques logísticos y la que regula la propia agencia sí que permite este tipo de operaciones de enajenación. La tesis de la Junta es que una ley aprobada por el Parlamento de Andalucía siempre tiene una entidad superior que una norma de carácter municipal como es el Plan General.

Merino ya advirtió que la situación era seria. Tiene una oferta de adquisición de suelo para un operador que estaba interesado en implantarse en Córdoba pero adquiriendo el terreno. No tiene interés en una inversión donde no tenga la propiedad total del activo. El exalcalde transmitió a la regidora, Isabel Ambrosio , que la firma había establecido un periodo muy corto de tiempo para decidir la adquisición. Si no había respuesta, retiraría la inversión empresarial. La alcaldesa se comprometió a trabajar sobre el asunto y la firma ha decidido tener un poco de paciencia hasta tanto Urbanismo emita su dictamen.

A estas alturas, pocos interlocutores hay que expresen sus dudas sobre la materia. Una de las salidas para incrementar el interés sobre el Parque Logístico de Córdoba es modificar su política de comercialización ampliando las posibilidades a la venta. Muchas empresas de este tipo vienen de la mano de fondos de inversión con los que firman acuerdos para financiar la adquisición a cambio de un alquiler a largo plazo que da plusvalías empresariales. El problema radica en que en el Consistorio se tienen serias dudas sobre la salida abierta por el equipo de Merino en la Agencia de Puertos . La entidad autonómica asegura que no quiere hacer otra cosa que lo que ya está realizando en muchas ciudadades andaluzas donde se ha llegado a este tipo de vía legal de acceso a las operaciones de comercialización con la aquiescencia de todos los agentes implicados.