Isabel Ambrosio, la alcaldesa que reclama con 113 millones en la caja del Ayuntamiento de Córdoba

Su portavoz municipal y candidato en los próximos comicios locales, José María Bellido , pidió ayer a Ambrosio que «no estorbe ni obstaculice el desarrollo de Córdoba en los meses que le quedan en la Alcaldía». En un comunicado, el concejal popular agregó que «si algo ha supuesto un freno para la ciudad, han sido los 40 años del PSOE en la Junta de Andalucía , de los que Ambrosio ha sido responsable como delegada del Gobierno desde 2008 a 2015».

Bellido sostuvo que «el cambio de gobierno supondrá un revulsivo a la ciudad, pues se pondrán en marcha los proyectos que el PSOE y Ambrosio, desde la Delegación del Gobierno, han negado a Córdoba». El líder popular incidió en el cambio de estrategia de la regidora a pocos meses de la cita con las urnas. «Sorprende el nerviosismo de la alcaldesa tras los resultados electorales del 2 de diciembre , la falta de calma que le ha llevado a presentar y hablar de proyectos para trata de ocultar el vacío absoluto de su mandato», comentó.

La regidora exige ahora inversiones al Gobierno y la Junta en un momento en el que su tesorería municipal tiene 113 millones de euros sin ser utilizados , según el último control contable del Área de Hacienda (tres más que en octubre) y una larga lista de proyectos parados. Algunos ejemplos son el Centro de Convenciones, la Normal de Magisterio, el Polideportivo de la Juventud, los planes de obras en barrios el plan integral contra la pobreza en tres barrios; el Plan Turístico de Grandes Ciudades (Templo Romano, Regina,...) o la Escuela de Hostelería, entre otros...

Ambrosio fue diputada en el Parlamento andaluz entre 2004 y 2008 y, posteriormente, la máxima responsable del Gobierno andaluz en Córdoba hasta 2015 , fecha en la que optó a la Alcaldía y que obtuvo por el acuerdo con IU y Ganemos. Ayer volvió a incidir en los mismos argumentos de su comparecencia del viernes con otra nota en la que denunció la «discriminación de Córdoba» y «exigirá actuaciones a los gobiernos central y autonómico para acabar con esta situación».