Un informe bloquea un procedimiento penal del Ayuntamiento de Córdoba contra el franquismo

La propuesta suscitó un fuerte debate sobre los límites de la acción municipal y los efectos de la ley de Amnistía de 1977. El presidente de la comisión y exresponsable de la Federación de Asociaciones de Vecinos Al Zahara, José Rojas , optó por remitir una pregunta al secretario general del Pleno, Valeriano Lavela . La respuesta es tan escuenta -medio folio- como cortante. En ningún caso, la comisión de Memoria Histórica está facultada para tomar este tipo de decisiones. Ni siquiera para planteárselo.

«Tengo a bien informarle que la Comisión Municipal de Memoria Histórica no sería competente ni estaría facultada para analizar y/o trabajar en la reparación de la justicia ni para iniciar la instrucción por la vía judicial y/o penal en los asuntos que, en materia de exhumaciones contempla la tutela internacional», afirma el informe. El dictamen fue bastante rápido en realizarse porque la pregunta se registró el 27 de junio y la respuesta se remitió el 28 del mismo mes.

Se fundamenta el secretario general del Pleno en varias cuestiones. La primera es el acuerdo municipal que sirvió para la propia creación de la comisión, que tiene unos trabajos tasados. En segunda instancia, la legislación nacional sobre memoria histórica aprobada en la etapa de Rodríguez Zapatero y la que ha desarrollado la Junta de Andalucía con Susana Díaz en la presidencia.

El grupo de trabajo es, en primer lugar, un organismo deliberativo ya que todas las determinaciones que se adopten lo hará, en estricto sentido, o la alcaldesa, o la Junta de Gobierno Local o el Pleno, en función de las competencias establecidas en la ley. Tiene, además, unos fines muy marcados. En primer lugar, analizar si existe aún simbología franquista en las calles de Córdoba o en edificios privados que haya que retirar de acuerdo a las nuevas disposiciones. En segunda instancia, tiene que realizar propuestas de actuación sobre las fosas que existen en el término municipal con cuerpos de personas que sufrieron la represión, fundamentalmente, durante los primeros momentos del golpe de estado encabezado por el general Franco.

La presentación de querellas por los crímenes del franquismo es una antigua aspiración por su carácter, aseguran, de lesa humanidad. En España, esto ha sido tremendamente complicado por la aprobación de la legislación sobre amnistía que ningún gobierno ha querido derogar. Juzgados argentinos, invocando el principio de justicia universal, sí han iniciado procedimientos. 20 altos cargos de tardofranquismo y la Transición, como Rodolfo Martín Villa , tienen órdenes pendientes de detención por una investigación sobre los sucesos de Vitoria de 1976. También hay procesos penales abiertos contra policías por torturas . El más conocido de ellos es el que está bajo instrucción contra Antonio González Pacheco, conocido por el apodo de Billy el Niño , número dos de la Brigada Político-Social.

La comisión municipal de la Memoria Histórica se ha marcado el objetivo de entregar su dictamen el próximo mes de octubre. Se trata de un plazo muy apretado porque ni siquiera han comenzado las comparecencias de expertos . La primera será de un técnico con experiencia en la investigación de fosas comunes. Además, se está avanzando en la elaboración de un cuestionario para solicitar la retirada de calles o elementos del mobiliario urbano relacionados con el franquismo. Las asociaciones memorialistas querían en un principio que la retirada fuese directa, sin una justificación formal. El resto de miembros de la comisión coincidieron en que había que establecer una explicación de por qué un personaje concreto no tenía que tener calle en Córdoba estableciendo unas fuentes escritas u orales y un razonamiento.