La incertidumbre reina en el Palacio de Congresos de Córdoba un año después

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio sigue intentando desligarse de la adjudicataria , Aldesa, por los incumplimientos de esta firma, que, a su vez, alega que se tuvo que enfrentar a la necesidad de modificar el proyecto por motivos ajenos a ella. Este complejo proceso administrativo, que arrancó en julio, parece encarar ya su recta final.

Así lo señaló el delegado en Córdoba de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo , Manuel Carmona , durante una conversación que mantuvo con ABC en un acto en Puente Genil. Éste aseguró que «se están ultimando los trámites administrativos» sobre los contratos firmados con Aldesa para la actuación en el Palacio de Congresos . Fueron tres las vinculaciones rubricadas con esta constructora, una de las más potentes de España. Una para ampliar el salón de actos, cuyo objetivo era subir el aforo de 539 a 775 butacas y su coste era de 1,3 millones. Otra de trabajos complementarios y una última de suministro de máquinas de climatización y el sistema de gestión técnica centralizada del inmueble (169.382 euros).

Según señaló el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado , en el Parlamento el 5 de mayo , ante los incumplimientos de la adjudicataria, ya se habían liquidado los dos primeros contratos , pero restaba hacer eso mismo con el tercero . Hay que recordar que en la vinculación principal y en la de las obras complementarias el Consejo Consultivo de Andalucía emitió sus informes avalando la postura de la Junta de rescindir los contratos con Aldesa. Pero en la vinculación para la maquinaria de climatización dictaminó el 20 de enero que no había motivos para resolverla, sino que la Administración autonómica podía «optar por la imposición de penalizaciones».

Una semana después el delegado provincial de esta Consejería indicaba que seguirían los pasos señalados por el Consejo Consultivo y destacaba que «la Junta ya cuenta con los informes preceptivos, el de los Servicios Jurídicos de la Administración y los del Consejo Consultivo, para rescindir los contratos de Aldesa».

Han pasado tres meses y medio y la Junta sigue sin mover pieza públicamente para retomar los trabajos , que arrancaron en septiembre de 2014. Debían haber estado concluidos a finales de diciembre de ese mismo año.

En mayo , en el Parlamento el consejero Maldonado apuntó que no podía informar del presupuesto necesario . Alegó que para redactar el nuevo proyecto antes se debían liquidar todos los contratos con Aldesa. El mismo argumento dio para no dar una fecha de reinicio. Lo único concreto hasta ahora es el anuncio de la Junta de que en sus presupuestos de 2016 hay fondos para reactivar la ampliación.

Tampoco facilitó el delegado en la conversación que mantuvo con ABC ningún plazo . Este periodico intentó posteriormente ampliar con el delegado la información, pero no tuvo respuesta.

Carmona sí dejó abierta la posibilidad a una licitación simultánea de los concursos de la ampliación y de la gestión . Y es que la Consejería de Empleo y Comercio decidió en octubre extinguir la concesión de este equipamiento turístico a la empresa Concord OPC, ligada al empresario Vicente Carmona.

El motivo de la rescisión fue que la adjudicataria no pagaba el canon desde 2012 . Interrogado sobre la posibilidad de que corrieran paralelas ambas licitaciones, el delegado de Economía y Empleo apuntó que «no descartamos ninguna posibilidad».

Este accidentado proyecto ha acabado también generando una maraña judicial , en la que, entre otras cuestiones, Aldesa no ha aceptado pacíficamente que la Junta le rescindiera el contrato principal en noviembre. Así, en enero acudió al TSJA, si bien no ha trascendido si ha pedido medidas cautelares que pudieran afectar a una nueva licitación. Antes de dar ese paso, el delegado de Economía y Empleo sostuvo que, aunque la constructora se fuera a los juzgados, se podía iniciar otro concurso. El último frente judicial se le abrió también en enero a la Junta, con la decisión de Concord OPC de llevar al máximo tribunal andaluz la anulación de la concesión del Palacio de Congresos.