El gobierno local insiste en que se tiene que cumplir el plazo para el Centro de Convenciones

Y no es el único que piensa así en el gobierno municipal. La propia alcaldesa, Isabel Ambrosio , insistió ayer en que, al mismo tiempo que continúa la negociación con la constructora, UCOP , «cada parte debe de cumplir con sus compromisos y el nuestro es el de la defensa de los intereses generales de la ciudad». Ambrosio se negó a entrar directamente en si es o no factible que se cumpla el plazo límite por parte de la constructora para finalizar las obras ni tampoco entró a fondo en los motivos por los que no se hizo caso a los expedientes que señalaban deficiencias en la seguridad de la estructura del edificio. «Es un nivel de detalle que desconozco », y remitió al concejal de Presidencia.

El viceportavoz del PP en Capitulares, Salvador Fuentes , mostró ayer el «temor» de los populares a que UCOP, la constructora del CEFC municipal, se vaya a los tribunales y se demore mucho su ejecución. Tras un modificado (corrección al alza del presupuesto original de 10,9 millones) de un millón fallido, las relaciones entre la empresa y el Ayuntamiento se han tensado de forma extraordinaria.

El Consistorio le ha recordado públicamente que le ha dado ya dos prórrogas y que debe acabar el equipamiento el 21 de febrero. De lo contrario, le aplicará las penalizaciones previstas en el contrato. «Parece ser que la constructora recurre a los juzgados. Nos iríamos a la apertura del Centro de Ferias para 2020 », advirtió Fuentes.

Un acuerdo es lo que también reclama el presidente de los empresarios cordobeses, Antonio Díaz , quien desde CECO recordó a la alcaldes, Isabel Ambrosio, que es «un referente a la hora de buscar soluciones dialogadas». Porque si alguien tiene que dar explicaciones de por qué no se ha llegado a tiempo a esa fecha, «también tienen que venir de la mano de soluciones». Y eso pasa, quizá, por olvidarse de sanciones y acordar una solución beneficiosa para la ciudad.

De parte de los constructores cordobeses, su presidente, Pedro Giménez , aseguró que de haberse acordado la adjudicación a una de las cinco o seis empresas cordobesas que se presentaron al concurso, que las había incluso conformadas en UTE con otras firmas nacionales, «esto no habría pasado, estoy seguro». La culpa, en su opinión, son las licitaciones a la baja forzadas por la situación actual y la aceptación por parte de las administraciones de esas reducciones imposibles de ejecutar.

También Vicente Serrano , en representación de los organizadores de eventos d Córdoba, se lamentó sobre «la incapacidad que tendremos para vender nada ahora en Fitur », al no contar ni con el Palacio de Congresos de la calle Torrijos ni con el CEFC, por lo que consideró necesario que todos los empresarios relacionados con el turismo, a través de CECO y la Cámara de Comercio, «tomen el toro por los cuernos y exijamos a las más altas instancias una solución definitiva ».