El Gobierno creará un BIC Mundial que afecta de lleno a los grandes bienes históricos de Córdoba

El Ministerio de Cultura pretende reformar la legislación de Patrimonio Histórico con el objetivo de promover una recentralización de competencias de forma que una serie de bienes, los más valiosos y reconocidos por la Unesco, no dependan exclusivamente de lo que opinen las comunidades autónomas sino que dispongan de una supervisión estatal, cuyo mecanismo no se ha explicado, sobre lo que se puede o no se puede hacer. El proyecto legislativo pretende unificar los criterios de las comunidades bajo un mando único en aquellas materias verdaderamente sensibles .

La disposición sobre una nueva categoría de Bienes de Interés Mundial , nombre que le han proporcionado en el Ministerio de Cultura, puede ser un hecho menor en el funcionamiento de una ciudad que no tenga ningún elemento reconocido por la Unesco. En el caso de Córdoba, es un asunto relevante, clave, porque no es lo mismo tratar con la Junta que con el Gobierno andaluz y, además, con el Ministerio de Cultura.

El principal monumento y tractor turístico de la ciudad, la Mezquita, depende de esta regulación que entra en colisión con la ley de patrimonio histórico de Andalucía, aprobada a finales de los noventa con la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , como consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. Supone también una nueva regulación para las decisiones relevantes que se adopten sobre el Casco Histórico, donde residen muchos miles de vecinos, y para Medina Azahara que, siendo propiedad de la Junta, tendría que compartir el régimen decisorio con el Ministerio de Cultura. En estos momentos, están pendientes de aprobación el plan director de la Mezquita y el plan de gestión del Casco que tiene que regular aspectos muy sensibles de la vida diaria en esa parte de la ciudad de Córdoba.

Los bienes catalogados por la Unesco tienen ya una regulación que exige, entre otras cosas, que se comparta con la organización de las Naciones Unidas las principales decisiones que se afrontan en un bien de esta naturaleza. En todo este tiempo, esta obligación solo se ha activado en una ocasión , cuando se quiso abrir la segunda puerta de la Mezquita de Córdoba.

La Consejería de Cultura pidió un informe a Icomos España que fue tremendamente negativo para el proyecto. Unesco, desde París, emitió despúes un dictamen donde se entendía que no había ningún problema en llevar a cabo la sustitución de la celosía. Aún así, el asunto acabó en los tribunales y se han producido dos pronunciamientos que aseguran que la decisión que se tomó vulneró la ley de patrimonio andaluz . El tema está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.

El nuevo anteproyecto del Gobierno establece como supuesta novedad la prohibición de vender patrimonio histórico eclesiástico, una medida ya existente en el patrimonio mobiliario. En realidad, ya existía una casi imposibilidad por la vía de que era preciso obtener el tanteo y retracto de la Junta de Andalucía.