El fiscal reduce a 3,5 años la petición de prisión para el alcalde de Nueva Carteya, pero mantiene su inhabilitación

En su informe definitivo, al que ha tenido acceso ABC, el Ministerio Público acusa al alcalde de un delito de contaminación acústica , otro de lesiones, en concurso ideal, siendo el delito contra el Medio Ambiente y otro de prevaricación por presuntamente permitir que continuara la contaminación acústica del local a los vecinos.

La fiscal solicita para Tapia en su escrito de conclusiones finales una pena de dos años de prisión por el delito contra el Medio Ambiente, y 14 meses de multa -a razón de 15 euros día, e inhabilitación para profesiónn de gerente de restauración u hostelería por un tiempo de 4 años . Asimismo, solicita para el alcalde por el delito de prevaricación 1 año y 6 meses de prisión y 12 años de inhabilitación para cargo público . En esta pena de inhabilitación, según recoge este mismo escrito, «conllevaría la pérdida de su condición de alclade de Nueva Carteya , así como la incapacidad para ser elegido alcalde o miembro de cualquier otro órgano con competencia representativa o de decisión de la Administración Pública Europa, central, autonómica, foral o municipal, incluso empresas públicas o de decisión de la Administración Pública europea, central, autonómica, foral o municipal, incluso empresas públicas o participadas por capital público durante el tiempo de ejecución de la condena.

En sus conclusiones finales, la representante del Minsisterio Público justificó esta reducción en la pena solicitada al retirar la agravante de clandestinidad que había planteado en un primer momento.

En cuanto a las penas solicitadas para el dueño del restaurante, el acusado F.V., se enfrenta a dos años de prisión por el delito contra el Medio Ambiente , 14 meses de multa a razón de 15 euros diarios, así como inhabilitación por cuatro años para profesión o gerencia en hostelería.

El abogado de la acusación particular, Francisco Jesús Barbancho Espada , se adherió ayer a las conclusiones finales del Ministerio Público solicitando para el alcalde Vicente Tapia las penas de prisión de dos años por el delito contra el Medio Ambiente, así como un año y medio de prisión por el delito de prevaricación, a lo que se suma en concepto de responsabilidad civil, que los acusados, conjunta y solidariamente indemnicen a la vecina presuntamente afectada por los ruidos con 50.000 euros por las lesiones sufridas .