El fiscal decide no acusar en el caso del polígono Fruteros

El caso del polígono Fruteros es sobradamente conocido ya que data del año 1999 . Entonces, el Ayuntamiento de Fuente Palmera empezó a vender suelos que ni siquiera tenía adscritos a un patronato local a empresarios de la localidad para crear un polígono industrial. En total, se ingresaron en las arcas municipales más de 500.000 euros de los que 176.000 euros se corresponden con «supuestas compensaciones» sin procedimiento administrativo alguno.

Los suelos ni siquiera estaban desarrollados en el planeamiento cuando fueron enajenados y el Consistorio de la colonia se gastó el dinero recaudado en asuntos corrientes de la institución e incluso en una fundación asistencial de la zona. El informe del fiscal se dedica a dilucidar lo que los hechos no son desde su punto de vista: delito. Entiende que no se le puede aplicar la categoría de malversación porque no hubo un ánimo de lucro concreto en el desarrollo del gasto. Pese a que se reconoce que la venta fue absolutamente ilegal, se asegura que no se le puede aplicar el delito de prevaricación porque es necesaria la «cognoscibilidad» de los hechos (estar avisados de su ilegalidad).