La excepción Moscoso

Reconozco (y espero no estar vulnerando off the record alguno sobre la situación del valiente diputado de Podemos) conocer la situación de David Moscoso desde hace meses, cuando me comunicó que pretendía volver a las aulas para retomar su carrera investigadora y docente, cumpliendo con el compromiso que adquirió con su partido. Reconozco también que puse cara de haber comido lentejas (que detesto profundamente) al entender que un activo del carácter de David, que me parece de lo más capaz que tiene Adelante Andalucía , tenía que estar en la actividad pública al cien por cien.

El parlamentario fue contundente. Él no había llegado a la actividad pública a hacerse eterno y tenía un compromiso con su vocación profesional y sus alumnos. Para quien tenga alguna prevención sobre la solicitud, hay que aclarar que la petición de compatibilidad implica renunciar al salario de parlamentario.En tanto que buena parte de los políticos son abogados de profesión, o al menos relacionados con el mundillo legal, se han buscado una curiosa normativa que les permite mantener sus despachos abiertos siempre que no lleven directamente contratos directos con la Administración. Eso es lo que permitirá al abogado Francisco Serrano, de Vox , llevar la administración de su despacho o a Javier Imbroda, de Cs, gestionar sus empresas.

En otro ámbito, el del Congreso, el diputado de Ciudadanos por Córdoba en la anterior legislatura, Marcial Gómez , ha estado desarrollando con normalidad su actividad profesional de procurador de los tribunales con las limitaciones establecidas en la legislación. En el terreno municipal, la cosa no funciona exactamente así, cosa que ha permitido que concejales de la talla de Angelina Costa, Juan Miguel Moreno o Luis Rodríguez (que en paz descanse) nunca dejasen de atender sus obligaciones docentes mientras ejercían sus cargos electos .

La incompatibilidad de los diputados es un terreno escabroso por cuanto, si nos ponemos pejigueras, no se le debería facilitar a nadie la posibilidad de desarrollar un cargo público representativo a la vez que tiene lugar una actividad profesional en el terreno público o privado.

La norma dice que el régimen general será el de la dedicación exclusiva con una serie de excepciones como el trabajo de creación intelectual o el desarrollo de actividades extraordinarias en la docencia y la investigación universitaria. Sin embargo, la embocadura es muy estrecha para ciertas profesiones y muy ancha para otras. Es más fácil que existan problemas graves de compatibilidad si alguien desarrolla actividades mercantiles que si es profesor de una universidad pública. Pero, curiosamente, es la primera la que se permite y la segunda la que se veta. O ni se pide.

Lo que le ha ocurrido a David Moscoso es que se ha encontrado con una situación de rara avis de la política . Estaba dispuesto a ejercer el cargo sin la remuneración correspondiente que es algo que en este país de funcionarios de partido ni siquiera se le pasa a alguien por la cabeza.

La posibilidad de que alguien diga que está dispuesto a representar a sus electores haciéndolo compatible con una actividad de carácter científico o docente no parece entrar en las mentes ni en una institución que preside una parlamentaria de un partido de nuevo cuño y supuestos aires regeneradores, la almeriense Marta Bosquet.

Por cierto, les informo que estas decisiones se adoptan en la Comisión del Estatuto del Diputado, la que entiende también de las peticiones de los tribunales sobre el procesamiento de un miembro de la Cámara. Bosquet pidió recientemente reserva total sobre lo hablado en esa comisión que es a puerta cerrada (cáspita) y sobre la que usted, querido contribuyente, no tiene el derecho de conocer qué se discute (cáspita, cáspita) . No sabía uno que, dentro de la clasificación de secretos oficiales, que justifica el cerrojazo en la puerta, se encuentre que un parlamentario concreto tiene un empleo o dos.

Parece que en los próximos días David Moscoso tendrá que dejar el cargo si quiere volver a las aulas . Sale perdiendo la actividad pública y el sentido común . Otra pena.