Escuelas infantiles en Córdoba: casi 250 centros y mil profesionales que se asoman al vacío

La educación infantil gratuita, el segundo ciclo, comienza a los tres años, cuando los pequeños acuden a los colegios y hasta entonces las guarderías son el recurso que está al alcance de los padres. Sólo así se conseguirá que el sector siga haciendo frente a la situación. «No se trata sólo de que las escuelas infantiles, como empresas, tengan salud, sino simplemente que puedan funcionar », afirmó Maribel Uncala , presidenta de Escuelas Infantiles Unidas .

No se trata de una mera cuestión asistencial y de conciliación de la vida familiar y laboral, aclara la Asociación Escuelas Infantiles Unidas : reclaman su puesto en el sistema educativo , en la formación de los niños desde primera hora.

Su repercusión económica también es significativa. En la provincia de Córdoba, las escuelas infantiles son casi 250, que generan más de un millar de puestos de trabajo . La totalidad son mujeres , que son quienes de forma tradicional se han dedicado a la educación infantil, con lo que el sector es clave, apuntó Maribel Uncala, para luchar contra el desempleo femenino.

El impacto puede ser superior a los dos millones de euros al mes teniendo en cuenta el coste de las plazas y el número de alumnos que se matricularán para comenzar una primera fase de la educación que después tiene que continuar en el colegio.

Por eso las asociaciones han insistido en la gratuidad y en las bonificaciones , que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha incrementado en los últimos años. La Administración también les ha concedido ayudas, sobre todo cuando el confinamiento obligó a cerrar.

Por el momento, para que la plaza de educación infantil entre cero y tres años no cueste un euro a las familias tienen que cumplirse ciertos requisitos, como que se trate de núcleos con tres hijos o que tengan problemas de dificultades sociales o riesgo de exclusión social.

Hay un problema añadido, y es el retraso en los pagos de la Administración. Lo denunció José Luis Victorio, presidente de Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A), que insistió en los problemas para recibir los abonos que la Administración autonómica tiene que realizar. Y algo más, también las «trabas burocráticas» y la dificultad para pedir el dinero.

Las últimas denuncias hablan de que los centros se tenían que hacer cargo del coste de las plazas para los niños de familias en riesgo de exclusión social, y también del comedor, que ofrecen muchas de ellas hasta que la Administración lo hacía efectivo. El retraso dificulta la economía, ya que es la Junta de Andalucía la que tiene que abonar un pago que a veces llega tarde para un sector en permanente estado de fragilidad entre la baja natalidad y el Covid.