Diez años de la gran riada de 2010 en Córdoba: la catástrofe que no tuvo consecuencias

El episodio, que tuvo su continuación en el mes de diciembre de 2010 con similares consecuencias, fue tremendamente impactante en lo humano y en lo político. El Ayuntamiento de Córdoba tuvo que sacar casa por casa a los afectados ante la ausencia de un sistema de alarma temprana de posibles avenidas en el Guadalquivir, según denunció el entonces alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU). La tarea no fue sencilla. Solamente en el entorno del aeropuerto se tuvieron que desalojar en apenas unas horas medio millar de viviendas. No existía un sistema articulado de atención a todas aquellas personas que se tuvo que proveer sobre la marcha. Espacios como la residencia de mayores del Guadalquivir o el pabellón de las Margaritas se habilitaron a toda prisa por el equipo de servicios sociales que dirigía la edil Ana Moreno. En Alcolea, zonas plenamente urbanas como la calle de la Barca tuvieron que ser desalojadas usando lanchas neumáticas producto de la subida de las aguas. El aeropuerto de Córdoba , que entonces estaba en plenas obras, quedó anegado dejando una foto para la historia.

Las parcelaciones de riesgo fueron Guadalvalle y La Altea , ubicadas en los lugares más complejos. Aún quedan en las retinas las fotografías tomadas de las casas de las que solo quedaban la huella de las tejas. Los 2.400 metros cúbicos por segundo que llegó a tener el Guadalquivir se comieron todo lo que estaba en zona inundable . Fue la gran enseñanza de aquel año de riadas. Que el cartel de cautela suele significar peligro. Que construir viviendas en lugares que constituyen la llanura de inundación de un río como el Guadalquivir tiene un precio. « El río es tozudo, que sirva de enseñanza », dijo el alcalde en unas declaraciones que no sentaron bien entre los afectados pero que tenían todo el sentido común detrás. No se puede inundar lo que no se ha construido.

Frente a las inundaciones «sexys» que provocan visitas de presidentes en Falcon, nada de eso ocurrió en Córdoba. El Ayuntamiento y la Junta se comieron el dispositivo de atención en su totalidad. Córdoba no estaba sola en una riada que afectó a 36.000 hectáreas de todo el valle del Guadalquivir , según los datos de los consorcios de seguros. Las imágenes de Lora del Río, de Palma o los ojos cegados del puente de las donadas de Montoro explicaban la catástrofe.

A la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega le cayó su propio chaparrón. Vino al aeropuerto de Córdoba, se desplazó a Palma para reunirse con una decena de alcaldes y ni siquiera tuvo un minuto para acercarse a las personas que tenían sus casas destrozadas. El Gobierno prometió ayudas económicas a los afectados («todos el mundo tiene derecho a pedirlas», dijo la vicepresidenta) pero la realidad es que esas cantidades fueron mucho menores de lo previsto. Se ha publicado que apenas un tercio. Algunas de ellas se encuentran aún en los tribunales de justicia en un ejemplo de que una cosa es la emergencia en caliente y otra, distinta, el desarrollo de las medidas reales cuando el agua se retira.

Ni siquiera el Ayuntamiento de Córdoba lo tuvo fácil. El Consistorio montó a toda prisa un dispositivo (con los hechos de diciembre de ese mismo año fueron dos) que acabó retirando más de 800 toneladas de barro de las zonas afectadas en un panorama desolador. El alcalde estableció una oficina de coordinación en la terminal del aeropuerto y desde allí se hizo frente a la emergencia. Se movilizaron todas las máquinas que se encontraron en kilómetros a la redonda. El gasto rondó el millón y medio de euros que el Gobierno se comprometió a sufragar. Los problemas surgieron con más 700.000 euros cuando la Intervención del Estado acudió al juzgado de guardia ante la presunta aparición de irregularidades. El juez instructor que investigó el asunto acreditó que no había más irregularidad que la provocada por una situación de emergencia donde lo último es pedir el sello doble. El funcionario y el empresario imputados fueron exonerados. El Ayuntamiento se hizo cargo en su totalidad de las facturas años después de que la maquinaria acabase de retirar el lodo y que los vecinos se afanasen en limpiar sus enseres. Tuvo que entablar un largo pleito judicial para que el Gobierno pagase.

Diez años después de la riada, el gobierno municipal acaba de plantearse la demolición de viviendas en Guadalvalle. El Consistorio prohibió inmediatamente la posibilidad de ocupar estas edificaciones pero poco a poco fue abriendo la mano. Nunca se llegó a investigar de forma relevante quién vendió s uelos de relleno a la misma orilla del Guadalquivir , cómo era posible que se ocupasen no ya el margen cautelar de policía sino que estuviesen metidas en el río mismo. Recientemente, el Consistorio alertó de que algunas de esas casas estaban siendo reocupadas. El teniente de alcalde de Urbanismo actual, Salvador Fuentes, dijo que una decena pasarían por la piqueta .

De aquel episodio traumático para la ciudad, que generó tanto dolor entre cientos de familias, la única consecuencia práctica para que no vuelva a pasar es la construcción de una tapia. Se trata de una inversión que ni siquiera realizaron los responsables de las políticas hidráulicas. Fue AENA quien levantó una escollera que costó 21 millones de euros para evitar nuevas inundaciones que entrasen en la pista. El procedimiento incluyó la reforestación del margen superior.

Entonces, el PP acusaba al PSOE, que estaba en el Gobierno central, de haber omitido inversiones en el cauce por valor de noventa millones de euros. Se trataba de cantidades ligadas al plan de encauzamiento del Guadalquivir, realizado en tiempos de la ministra Isabel Tocino, del que solo se realizó una de sus tres fases. El proyecto se quedó hecho y todas las reclaciones que tenían que ver con su salida del cajón cayeron siempre en saco roto. También se abordaron demandas como un estudio de las zonas de riesgo de la periferia que pasaban por la eliminación física de viviendas y la reubicación de los propietarios. La medida nunca contó con consenso suficiente para poder desarrollarse. Y como la memoria política y ciudadana es muy corta el asunto se fue olvidando. El Guadalquivir sigue ahí, las casas continúan, el riesgo -cosa que parece evidente- es igual hoy que hace diez años. El mismo que en 1963. Catástrofes sin consecuencias.