Los desahucios judiciales de okupas superan ya a hipotecarios o alquiler en Córdoba

El Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución de Córdoba estima, en declaraciones a ABC , que el lanzamiento de viviendas ocupadas supone ya en torno al 60 por ciento del total de procedimientos registrados en este servicio que realiza entre tres y cuatro comunicaciones de desalojo diarias, con unos 17 funcionarios en la calle y una comisión formada por un gestor y un auxilio judicial.

Como dato, de los 364 levantamientos realizados por este servicio en 2019, en torno a 200 fueron sólo entradas ilegales en casas, un procedimiento que al no ser específico aparece recogido dentro del denominado de precario. Echar a un «okupa» no es fácil, de hecho, la Oficina Judicial de este servicio admite que «es lo que más trabajo da diariamente, porque son muchas las visitas que hay que realizar, es complicado comunicarse con ellos, o simplemente dejarle la notificación bajo la puerta, no nos dejan acceder al portal, el porterillo está arrancado y la puerta con candado».

A esto se suma el hecho de que a una misma persona se le echa de varios edificios, y en otras ocasiones, se trata de bloques de viviendas con procedimientos en distintos juzgados como en el caso del número 51 de Antonio Maura , en los que cuando se produce el desalojo de un piso vuelve a ocuparse ilegalmente por otro. Para este Servicio de Notificaciones la clave estaría en unificar en un juzgado todos esos procedimientos de un mismo edificio y hacerlo de forma integral en un solo acto.

Desde este Servicio judicial al que llegan los procedimientos de desalojo de ocho juzgados de Primera Instancia de la capital aseguran que no ha crecido la cifra de levantamientos en 2019 respecto a 2018. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recoge que en toda la provincia de Córdoba se produjeron en 2019 486 levantamientos frente a los 598 de 2018, sin embargo sí que crecen en porcentaje las okupaciones —con «k»—respecto al impago de alquiler o hipotecas, por ejemplo.

El servicio jurídico consultado apunta a «mafias» en ocupaciones ilegales de viviendas como conclusión en las conversaciones que mantienen los funcionarios con los propios okupas, quienes aseguran que llegan a pagar hasta 500 euros a quien les ha ofrecido la vivienda. «Están informados de qué viviendas son del banco y cuáles se pueden ocupar; a veces desocupamos un piso y al día siguiente hay otro individuo habitando en él», cuentan desde Notificaciones.

La desesperación de comunicar oficialmente una y otra vez a los mismos intrusos sin que se vean resultados o estos tarden, así como la necesidad de entrar a espacios inhóspitos, con drogadictos en las escaleras como ocurre sobre todo en la zona sur de la capital en la calle Torremolinos o Sanchuelo, —donde ha vuelto a entrar la heroína de los 80— llevan a esta unidad judicial a tener mucho movimiento de funcionarios por los traslados que solicitan, reconocen en este Servicio.

El movimiento «okupa» afecta a los distintos barrios, pero Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba, asegura que este año los vecinos de las diferentes asociaciones de la capital no les han comentado casos nuevos de okupas, excepto en l a Carrera del Caballo . La mayoría de las viviendas okupadas de forma ilegal en Córdoba son de bancos, y los ejecutores son ellos o las inmobiliarias creadas para gestionar estos inmuebles, apostilla.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín , Antonio Gallego, que vive a pocos metros del edificio ocupado ilegalmente, explica que este caso lleva casi una década, y que conviven como si fueran de su propiedad. Cuentan con agua y luz, añade, y pese a actuaciones puntuales de Sadeco para desatascar y Bomberos para sofocar algún incendio pequeño, no hay conflicto social.

La presidenta de la Asociación Vecinal Axerquia, Juana Pérez Girón, asegura que pese a casos puntuales como el de San Agustín con una familia que okupa una vivienda, «no hay conflicto con los vecinos, no hay en estos momentos ninguna otra situación». De lo que sí da fe es que hay «okupas» profesionales conocidos por la zona que van de unos a otros pisos cuando colman la paciencia del vecindario.

En otro caso reciente en la plaza de la Almagra , la Policía rápidamente solucionó el problema. Igualmente ocurrió en la urbanización de las Siete Fincas , donde la presión vecinal, según cuenta su presidente Juan Cruz, y los agentes lograron abortar la entrada en una casa. Estos casos de actuación policial sin funcionarios judiciales no aparecen reflejados en la estadística del CGPJ . Por último, desde la periferia, las ocupaciones suelen ser de casas abandonadas o derruidas y los propietarios tardan años en darse cuenta o denunciarlo, en muchos casos, los okupas guardan chatarra.