Efectos del Covid en la Justicia | Las causas pendientes se disparan y la resolución de asuntos cae a la mitad en Córdoba

En los juzgados de Córdoba, el Covid ha provocado la reducción al mínimo de los servicios esenciales durante el estado de alarma, lo que se ha traducido en una caída de la actividad del 34 por ciento entre abril y junio (periodo del pico de la primera ola de la pandemia), en comparación con el ejercicio anterior.

Así, el total de jurisdicciones de la provincia ingresaron 16.537 causas , frente a las 25.207 del segundo trimestre de 2019. Pese a dicha reducción, la tarea que jueces, fiscales, magistrados y funcionarios pudieron sacar adelante se ha visto mermada por la pandemia: según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de asuntos en trámite a finales de junio ascendía a 41.968, un 8,6 por ciento más que al arranque del trimestre y un 17,9% más en la comparativa interanual. Este colapso se traduce en una media de 686 causas a la espera de resolución por órgano.

Los juzgados de lo Civil son los que arrastran una mayor pendencia , según se desprende de los datos del CGPJ. Así, junio se cerró con 26.482 asuntos de esta jurisdicción tramitándose. En los órganos de lo Penal la situación no está mucho mejor. Al final del citado periodo se quedaron a la espera 10.656 procedimientos.

La jurisdicción Contencioso-Administrativa registraba a finales de junio de este año 436 asuntos a la espera de su preceptiva resolución; en los juzgados de los Social , la cifra de expedientes era de 4.322.

¿Cuáles han sido las jurisdicciones donde más se ha reducido la actividad ? La Contencioso-Administrativa (con 211 asuntos) y la de lo Social (734) han acusado la mayor bajada de asuntos ingresados: en concreto, un 59,9 y un 43,2 por ciento menos, respectivamente. El ámbito Penal , por su parte, recibió 9.595 causas (-35%) y el Civil fue el segundo más demandado por la ciudadanía, con 5.997 (-30%).

Como consecuencia de todo eso, se han resuelto un 46,6 por ciento menos de procedimientos que en el mismo periodo del año pasado: 13.378 frente a las 25.046 de 2019. Hay que recordar que durante el estado de alarma se suspendieron más de 2.200 juicios en Córdoba: 900 en todos los juzgados de Primera Instancia; 974 actuaciones en Instrucción; 500 vistas en los órganos de lo Penal; unas 190 en el ámbito Contencioso-Administrativo, y 650, en lo Social.

En lo que respecta a la ejecución de las sentencias , el panorama no es más alentador. Entre abril y junio se registraron en los 61 órganos judiciales de la provincia 1.783 fallos judiciales, de los que se llegaron a resolver 1.770. El nivel de respuesta sería casi óptimo si no se tuvieran en cuenta las más de 35.550 resoluciones en trámite a final del periodo que los juzados arrastran de otros ejercicios. Así, se han dictado un 54,8 por ciento menos de sentencias en comparación con el segundo trimestre de 2019.

La tasa de congestión de los juzgados cordobeses (indicador que revela cuántos asuntos se resuelven a lo largo del año respecto de la carga total de trabajo) ha pasado de 2,42 puntos en el segundo trimestre de 2010, a 4,12 en el mismo periodo de 2020, o lo que se lo mismo: se ha disparado un 70,2 por ciento .

Otro factor que sirve para evaluar el funcionamiento de los juzgados es el de la tasa de pendencia , que relaciona los asuntos que se resolvieron durante un año con los que quedaron pendientes. En este caso, el resultado es aún más desesperanzador: ha pasado de 1,42 a 3,13: un 120,7 por ciento más.

El CGPJ destaca que la desescalada escalonada realizada en la Administración de Justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia como factores que han influido en estos resultados, afirmando que «es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan».

Precisamente, para atajar los perjuicios del parón judicial, el Gobierno ha aprobado un plan específico de actuación en el ámbito de los órdenes jurisdiccionales Social y Contencioso-Administrativa, así como en los juzgados de lo Mercantil, dotado con más de 50 millones de euros para este año y 2021.

El programa, diseñado por el Ministerio de Justicia y consensuado con las doce comunidades con competencias, afectará a 315 juzgados e incluye refuerzos de personal para los más saturados, un plan con retribuciones extraordinarias por objetivos y nuevos órganos judiciales mercantiles y de lo social, los que se prevé que se vean más afectados en un principio por causas de despidos, ERTE o concursos. Para las asociaciones de jueces se trata de un plan «insuficiente» , dados los problemas estructurales que arrastra la administración de justicia.

Por su parte, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aseguran que habrá que esperar un año para conocer el reflejo que el zarpazo del Covid-19 tiene en el sistema judicial . Lo que parece innegable es que la pandemia va a «agravar» los males que arrastraba la administración.

Así, según el TSJA, faltan funcionarios, jueces y fiscales que den respuesta al ciudadano , lo que empuja a los que trabajan a asumir una carga de asuntos insoportable. «Es difícil, por no decir imposible, acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y el defectuoso sistema organizativo», apunta el presidente del alto tribunal Lorenzo Del Río.

A esto se suma la lentitud en la digitalización . Los rimeros de papel siguen ocupando mesas y estanterías en los juzgados. «Encuentra complicada justificación que se hayan tenido que paralizar los procesos cuando llevamos años implementando el uso de los medios digitales para mejorar la gestión y modernización de nuestros juzgados y tribunales que, no olvidemos, también es un mandato legal», se lamenta el presidente del TSJA. La repercusión del Covid-19 «habría sido mucho menor en otro contexto organizativo y tecnológico del que por ahora carecemos».