Un cordobés en la primera línea de la negociación del transporte: «Hay medidas más allá de lo que pedimos»

Perales es un abogado cordobés y director gerente de la asociación Usintra (Unión Sindical de Empresas y del Trabajo Autónomo de Andalucía), colectivo integrado en la patronal Fenadismer , a su vez una federación de 77 asociaciones de transporte de todo el país incluida en la mesa que ha negociado el fin del conflicto. Usintra no es una asociación cualquiera: lleva en el sector del transporte desde 1977, en los inicios de nuestra democracia, lo que la convierte en una de las más veteranas.

Como representante de la asociación, Perales ha participado en todos los encuentros de Fenadismer, principalmente telemáticos. Y ha estado también en primera línea de los ocho paros históricos del sector . «Jamás en la vida los empresarios del sector han paralizado los 'mercas' ni los 'súper', ni los materiales de primera necesidad, ni sanitarios. Eso no ha ocurrido jamás , en los ocho paros nacionales que he defendido», afirma en clara alusión a la plataforma independiente que ha convocado las protestas.

Durante la negociación, la federación Fenadismer «no puede hacer nada si las asociaciones no valoran lo que se va a decidir», explica. Ello ha supuesto que cada paso , oferta o contraoferta que se daba en las conversaciones con los tres ministerios implicados (Hacienda, Transporte y Vicepresidencia) tenían que ser valorados por cada uno de los 77 representantes . Entre ellos, el cordobés Rafael Perales.

«Todos los días hemos estado conectados por móvil, Whatsapp o videoconferencias múltiples», relata. Había que llegar a un consenso para que posteriormente la dirección de Fenadismer trasladara a las ministras sus propuestas.

El acuerdo alcanzado de madrugada aún tiene que ratificarse en una de estas reuniones virtuales de Fenadismer que se celebrará en la tarde del viernes. Pero el portavoz de Usintra lo da por hecho , ya que el pacto con los ministerios incluye «medidas más alla de las que se pedían inicialmente. Eso cubre todas las exceptativas y condiciones que pusimos».

Perales realiza una valoración de los ocho puntos del pacto con el Gobierno. El primero, eje de la negociación, es el abaratamiento del coste del gasoil , que supondrá 20 céntimos menos por litro. Lo importante aquí es, asegura el abogado, qjue el descuento no se hará en la gasolinera, sino mediante transferencia directa a los transportistas; serán, calcula, unos 750 u 800 euros mensuales para cada trabajador, «que ayudan a paliar bastante el precio» actual de los combustibles.

Después están las ayudas directas , que se entregan de una sola vez, y que el Gobierno ha cifrado en 450 millones de euros para todo el país. Usintra apunta que supondrán 1.250 euros por cada camión pesado, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero, que incluye taxis o ambulancias. Ninguna empresa podrá cobrar más de 400.000 euros por este concepto, para evitar que las ayudas las acaparen los grandes operadores.

Las medidas económicas se completan con la ampliación del plazo de devolución de los préstamos estatales del ICO (de 8 a 10 años), así como una nueva línea de créditos con 12 meses de carencia que servirá para «dar liquidez a las empresas», apunta Perales. Y el fondo para jubilaciones de mayores de 60 años pasa de 10 a 20 millones.

Otro apartado son las medidas fiscales y legales , que abarcan por lo general reivindicaciones históricas del sector que van más allá de solventar la coyuntura actual. El representante de Usintra cita entre ellas una reforma legal para limitar la subcontratación en el ámbito del transporte, de igual modo que se hizo con la Ley de Cadena Alimentaria para hacer justicia a los agricultores.

Mucho mayor impacto económico tendrá la aplicación de una sentencia del Supremo que, como recuerda Perales, deshabilitó el cobro del llamado «céntimo sanitario de Aznar» por ir en contra de las directivas europeas. El Gobierno actual tendrá que sacar de algún sitio el dinero para pagar a cientos de miles de transportistas un impuesto cobrado entre 2006 y 2012. Son entre 3.000 y 10.000 euros por cada trabajador , una nueva ruina para el país que puede suponer «yo creo que miles de millones que se tienen que devolver, porque eso está reconocido en el Supremo», en palabras de Perales. El compromiso de Hacienda contempla ampliar los medios materiales y humanos para acelerar la devolución de las cantidades cobradas de más .