Las comisarías de la Policía Nacional de Córdoba abandonan el estado de urgencia y pasan al letargo

Pese a que el convenio de cesión de suelos es muy reciente, se firmó en febrero de 2018, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que las negociaciones arrancaron hace años. En concreto, cuando el anterior secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Cosidó, mantuvo varias sesiones de trabajo con el gobierno municipal de Córdoba con el objetivo de buscar ubicaciones alternativas a la comisaría de Campo Madre de Dios .

Más aún, los sindicatos policiales y los propios altos cargos del cuerpo llevan años asegurando que el edificio principal donde se encuentran los servicios operativos de la Policía no reúne unas condiciones mínimamente dignas para el desarrollo de las actividades. La primera alternativa era la de reformar el edificio, una iniciativa que quedó en nada cuando se desvelaron los problemas registrales del terreno y las reclamaciones de una mutua policial

Interior tenía previsto un plan de infraestructuras en la etapa de Juan Ignacio Zoido en el que se pretendía trabajar de forma bastante rápida. Se realizó un censo de equipamientos, los que estaban en peor estado, con el objetivo de que las obras pudieran comenzar, a lo sumo, en 2019, La comisaría de la Policía que se prevé realizar en El Arenal era uno de estos inmuebles. También el de la zona Oeste, que se pretendía desarrollar de forma paralela. Se pretendía actuar en otras ciudades que cuentan con problemas similares como Cuenca , Alicante o la comisaría ubicada en la zona del Tarajal, en Ceuta , conocida por las fortísimas presiones migratorias a las que está sometida.

Los 160.000 euros previstos en una sociedad estatal de equipamientos para las asistencias técnicas de las comisarías de Córdoba son insuficientes, incluso,  para pagar las asistencias técnicas necesarias para los dos proyectos. Las previsiones del Ministerio de Interior sobre la materia aseguraban que los Presupuestos Generales del Estado tendrían que dedicar unos 300.000 euros dada la complejidad y la extensión de estos proyectos, que suelen estar caracterizados por programas funcionales y de seguridad bastante estrictos.

El Ayuntamiento tampoco es que haya colaborado vivamente para que las cosas saliesen rápidas. La Gerencia de Urbanismo se tiró medio año con un acuerdo cerrado por la alcaldesa de Córdoba. Meses después de recibirlo pidió realizar aclaraciones jurídicas de escaso alcance que demoraron otros meses más el acuerdo definitivo que podría haber metido la inversión en las cuentas de 2018. En las circunstancias actuales de incremento de gasto público (el Estado va a elevar el nivel de lo que invierte en torno a los 20.000 millones extra que pertende recaudar), tampoco tiene demasiada explicación que una estructura de la seguridad del Estado, que se supone que tiene prioridad, no tenga una gestión ágil. La Gerencia de Urbanismo sigue con el desarrollo de sus gestiones para entregar los terrenos, cosa que todavía no se ha hecho