Caso Invercaria | Las claves del juicio a la diseñadora cordobesa Juana Martín

• Declaración de la modista: «Jamás tuve la intención de quedarme con el dinero ».

Martín apuntó en la primera sesión de la vista que «mi conciencia no era quedarme con dinero de nadie, jamás», y señaló que «en ningún momento pensé que era un dinero que me regalaban».

Martín explicó en la sala que el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo la llamó para mostrar interés en su trabajo. Además le dijo le visitarían Tomás Pérez-Sauquillo y el jefe de gabinete de la Consejería de Innovación, una reunión que tuvo lugar en otoño de 2005.

Ambos cargos explicaron a la modista que tenían un proyecto para apoyar empresas andaluzas: «Querían ayudarme a impulsar mi marca porque tenían interés en mi trabajo por ser mujer, joven y por estar basado en la tradición andaluza», declaró Martín.

Tras varios encuentros, en el verano de 2006, Pérez-Sauquillo le informó de que Invercaria había aprobado concederle 900.000 euros en préstamos (se le entregaron de forma fraccionada entre ese año y 2011) para abrir tiendas y expandir su marca, como marca Andalucía.

El proyecto, según la diseñadora, se truncó con la crisis de 2008, y señaló que perdió muchos proyectos tras su imputación en el caso, pero reiteró que todo el dinero que recibió de Invercaria lo invirtió: «nada fue a mí personalmente» .

•Declaración del exdirector de promoción de la entidad Cristóbal Cantos: se desliga de la gestión de la empresa y dice que Ivercaria era «soberana»

La segunda sesión de la vista estuvo marcada por la comparecencia del exdirector de promoción de la entidad, Cristóbal Cantos (a la par denunciante del caso). Ante la sala explicó que fue el 16 de enero de 2006 cuando le fue «asignado el proyecto» de promocionar e impulsar la actividad de Juana Martín como diseñadora de moda flamenca.

Cantos señaló el papel de «promotora del proyecto» de la que fuera presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Córdoba María Fernández Pino . La citada responsable de la patronal y la propia Juana Martín, según el acusado, fueron quienes le detallaron la actividad objeto de la citada iniciativa de promoción.

Apuntó que «jamás puso objeciones» a los planteamientos que le hacían, que ella era «muy diligente» y le hacía consultas y que el consejo de administración de Invercaria «era soberano» a la hora de decidir sobre las propuestas de inversión, desligándose de la gestión de la empresa.

•Declaración de una agente de la investigación: «Gran parte del dinero librado por Invercaria para la actividad de Juana Martín no estaría debidamente justificado»

Una agente de la Policía Nacional que participó en la investigación de este caso hizo referencia a diferentes extracciones «en efectivo» de una cuenta bancaria de la sociedad Juana Martín Diseño, hasta sumar la «muy elevada cantidad» de aproximadamente 72.000 euros , si bien la investigadora admitió que no fue posible averiguar «quién» realizó tales extracciones.

Del mismo modo, señaló diferentes transferencias desde las cuentas de la sociedad Juana Martín Diseño a las de Juana Martín Andalucía en 2006. Indicó, además, que las pesquisas habrían revelado que la modista «no presentó la declaración de la renta desde 2007» , aludiendo a una supuesta «alteración de la información» aportaba al banco con el que fue contratado un préstamo hipotecario para la sociedad Juana Martín Andalucía para la adquisición de un inmueble.

•Declaración de María Fernández Pino: «Juana Martín no tenía ninguna estructura empresarial para su actividad y trabajaba sola»

Fernández Pino declaró en la vista que, aunque ella supo de la creación de la sociedad Juana Martín Diseño, no tuvo participación en ello ni tampoco conoció cómo ni cuando fue creada la entidad.

Respecto a la sociedad Juana Martín Andalucía, en cuyo consejo de administración figuraron los acusados Pérez-Sauquillo y Antonio Nieto, aseguró que no supo de su creación. En cualquier caso, negó que se ofreciese para dirigir la sociedad que se crease para el mencionado proyecto de inversión y dijo que no recibió remuneración por su colaboración en el asunto.

Fernández Pino alegó que ella se quitó «de enmedio» de este proyecto ya en 2006 y rememorando que en 2015 prestó declaración voluntariamente ante la Policía.

En este caso, además de Juana Martín, se sientan en el banquillo de los acusados tres exdirectivos de la sociedad andaluza de capital riesgo : el expresidente Tomás Pérez-Sauquillo –que ya fue condenado en marzo de 2020 a tres años y medio de cárcel por las ayudas a la empresa Aceitunas Tatis–, así como el exdirector financiero Antonio Nieto y el ex director de Promoción Cristóbal Cantos, quien fue el denunciante del caso.

La instrucción de la macrocausa de Invercaria se inició en el año 2012, aunque la investigación a Juana Martín comenzó en 2014, con lo que esta causa llega a juicio más de siete años después de que se iniciaran las pesquisas judiciales.

En su escrito de acusación, la Fiscalía explica las distintas operaciones desarrolladas por Juana Martín junto a Invercaria desde enero de 2006, que comenzó con un préstamo participativo de 120.000 euros , concedido mediante un cheque nominativo cinco días después de la constitución de la compañía.

También se elaboraron proyectos como el diseño de colecciones 'pret-à-porter', la creación de una marca de diseño o un proyecto denominado de «moda hotel». La relación entre la sociedad pública y la empresa de diseño incluyó la petición, en 2011, por parte de Invercaria a Juana Martín de la devolución de un préstamo por valor de 200.000 euros, reclamación que se reiteró en dos ocasiones más pero sin éxito, según el auto de procesamiento del juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas.

Fue en febrero de 2011 cuando Invercaria remitió una carta a Juana Martín Andalucía reclamando la liquidación de capital relativa al vencimiento, el 14 de diciembre de 2010, del préstamo por importe de 200.000 euros concedido en 2006, una reclamación a la que siguieron otras dos, «sin que Juana Martín Andalucía abonara cantidad alguna».

La Fiscalía cifra el perjuicio económico causado a Invercaria en 170.000 euros aportados en concepto de capital social, y en 779.749 euros correspondientes a las cuotas de amortización de los préstamos concedidos y no devueltos.

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de ocho años de prisión para Juana Martín por delitos de malversación, mientras que pide otros ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para el Tomás Pérez-Sauquillo; y seis años y seis meses de prisión y 18 años de inhabilitación para Cristóbal Cantos y Antonio Nieto, por los mismos delitos de malversación y prevaricación.