El Cabildo afirma que el Gobierno admite que la inmatriculación de la Mezquita es «conforme a ley»

En este sentido, desde el Cabildo han asegurado que «confían en que por el bien de la Mezquita-Catedral de Córdoba se ponga fin a todos los ataques y polémicas que se han venido produciendo contra el templo en los últimos años». En concreto desde comienzos de 2014 sin que se haya podido revertir esta situación jurídica sobre su propiedad.

Desde hace varios años el Cabildo viene reiterando que el templo es propiedad de la Iglesia desde 1236 , algo que ya había sido reconocido por diferentes estamentos a nivel nacional e internacional. En este sentido cabe recordar, por ejemplo, que el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba reconoció en junio de 2015 que la Mezquita-Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia desde 1236, y desde entonces, ha sido poseída por la Iglesia Católica de manera pública, pacífica e ininterrumpida.

En esa misma línea se pronunció en 2014 la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda que señaló en un informe que la Mezquita Catedral de Córdoba nunca ha pertenecido al Estado y ha sido propiedad de la Iglesia católica desde 1236.

Además, un inf orme de la asesoría legal del propio Ayuntamiento de Córdoba en 2016 estableció que la Mezquita-Catedral nunca había formado parte del inventario de bienes del Ayuntamiento de Córdoba.

Respecto a la figura jurídica de la inmatriculación , el Cabildo ha querido aclarar que hasta 1998, la legislación española no permitía inscribir en el Registro de la Propiedad ningún templo católico abierto al culto público. «Se daba por hecho la titularidad por parte de la Iglesia de todas sus posesiones, pero no se le permitía su inmatriculación, es decir, registrar la titularidad de una propiedad que ya poseía ».

En ese sentido, la inmatriculación -prosigue- «no supone un cambio de propiedad o una compra , sino simplemente inscribirlo en el Registro». Por tanto, la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba, producida en 2006 -bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y estando Carmen Calvo en su gabinete-, consistió en dar publicidad a la titularidad de una propiedad que ya se poseía, en este caso desde 1236.