Los ayuntamientos pequeños de Córdoba, ante un grave problema con la nueva Ley de Contratos

Problema grave en municipios pequeños

El catedrático de Derecho Administrativo , Juan Antonio Carrillo , que participó hace unos días en unas jornadas organizadas por la Diputación sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público, resaltó que esta norma es de obligado cumplimiento para todas las instituciones públicas, desde el ayuntamiento de la localidad menos poblada hasta el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Según afirmó este experto jurista, « la única excepción es para las empresas públicas , como es el caso de Sadeco, Emacsa o Epremasa en Córdoba, que disponen aún de un periodo transitorio de seis meses para adaptar la normativa a sus procesos internos».

En este punto, el letrado reconoció que existe «un grave problema» con los ayuntamientos de localidades con menos de 20.000 habitantes debido a su «escasez de medios materiales y de personal» para responder a todas las novedades de la ley, que, en principio, no prevé excepciones en cuanto a la obligatoriedad de su aplicación.

Según destacó, es verdad que se han celebrado en las últimas semanas jornadas de formación para los técnicos municipales que se encargan de estas cuestiones, pero «no se ha realizado el trabajo de fondo de preparación del nuevo sistema de contratación» .

Una de las medidas más destacadas de la ley es que se restringe el uso del contrato menor , cuyos umbrales se reducen de 18.000 a 15.000 euros en el caso de los servicios y suministros y de 50.000 a 40.000 euros para las obras. «Hasta el momento las administraciones recurrían mucho a este tipo de contrato, algo que en numerosas ocasiones era fraudulento al fraccionar los proyectos para poder utilizar esta vía», recalcó Carrillo.

Asimismo, se establecen fuertes limitaciones a los procesos negociados sin publicidad , otros procedimientos muy empleados por los ayuntamientos y que en los últimos años han estado acompañados de cierto tufo de ilegalidad.

También es reseñable el hecho de que otro de los objetivos de la legislación es «simplificar los procesos de licitación» mediante la reducción de las cargas administrativas, respondiendo a la vieja reivindicación empresarial de menor burocracia en estos asuntos.

Temor en los empresarios a retrasos

La nueva Ley de Contratos del Sector Público despierta cierta inquietud entre los empresarios. La presidenta de la patronal provincial de la construcción de Córdoba (Construcor), María Dolores Jiménez, teme que se produzcan retrasos en los procesos de licitación de las obras públicas si los técnicos municipales de los ayuntamientos más pequeños no están bien preparados para esta nueva legislación.

Es por ello, que e sta asociación va a organizar sus propias jornadas para que esos funcionarios tengan la suficiente formación con el objetivo de evitar esos problemas.

A su juicio, otro punto negro que no se ha resuelto es el de las «bajas» en las ofertas de las empresas para acceder a los contratos públicos, que, según declaró, «siguen siendo muy elevadas» . Por otro lado, Jiménez destacó mejoras que incorpora el texto, como más facilidades para las pymes para participar en estos concursos, la incorporación de medidas sociales y medioambientales en los contratos y el reforzamiento de la relación calidad-precio.

Cambio clave del criterio para adjudicar

Un alto funcionario de una capital andaluza accede a analizar la normativa, desde el anonimato, y se mueve en la línea de la última idea expresada. Indica que esta norma busca «agilizar los procesos de contratación» .

Pero, matiza, «como no haya buenos profesionales en la Administración, en los servicios jurídicos y, sobre todo, en los servicios técnicos [elaboran los pliegos de los concursos]...». «En un primer momento de adaptación de la Ley, salvo que haya muy buenos profesionales, se ralentizará la contratación de las Administraciones ; se ralentizará un poquito», vaticina.

Y es que, ahonda, los trabajadores públicos se enfrentan al cambio de que las vinculaciones se «tienen que perfeccionar muchísimo». « Es un proceso de adaptación importante. Se tiene que justificar mucho más todo: la necesidad del contrato o el objetivo y ahí va el elemento precio/calidad», reflexiona, para luego ampliar este último elemento.

Explica que la norma fija como criterio de adjudicación el de mejor relación entre la calidad y el precio . «Hasta ahora, dicho criterio era la oferta económica mejor, pero daba muchísimos problemas», precisa.

En Córdoba, por ejemplo, el Centro de Ferias municipal y el Palacio de Congresos de la Junta fueron adjudicados a empresas que realizaron bajadas fuertes sobre el valor inicial de la licitación. Con las obras comenzadas, plantearon modificados (correcciones del presupuesto al alza) y los trabajos se pararon . El complejo para muestras aún no se ha reactivado y la Junta espera reabrir en verano el Palacio de Congresos, tras su ampliación .

Este alto funcionario cree que la nueva norma puede ayudar a evitar casos como los citados . Puntualiza que no es un problema exclusivo de Córdoba: «Eso es lo que ha pasado en España en los últimos años. Se adjudicaba muy a la baja y las empresas enseguida iban a los modificados para subir el precio».