El Ayuntamiento de Córdoba pide un año más de ejecución de los Edusi

En principio, el Consistorio tenía como periodo previamente acordado diciembre de 2022 para la ejecución material de todos los proyectos y tres meses más, ya en 2023, para la justificicación administrativa de todo lo realizado. Si la nueva prórroga es concedida, el Consistorio podría acabar las obras en 2023 y justificarlas en marzo de 2024. La edil responsable de la tramitación de proyectos es la popular Blanca Torrent , que aseguró que todas las decisiones en esta materia se habían comunicado ya a la oposición.

Se trata, explicó, de una estrategia de futuro para no tener problemas que pudieran ocasionar pérdida de fondos por haberlos presentado o realizado fuera del periodo. La Unión Europea dejó de tener paciencia hace años con las instituciones españolas en lo que a plazos se refiere. La normativa ya es mucho más estricta con el objetivo de que se puedan ejecutar en los tiempos a los que se alcanza el compromiso.

Una de las lecciones para los fondos europeos antiCovid que vienen es que gastar dinero resulta tremendamente dificultoso. El Consistorio lleva años de gestión del plan Edusi y solo ha podido licitar una cuarta parte. Y eso se ha hecho sin que el actual gobiern o municipal cambie ni una coma de las previsiones de gasto que hizo el anterior. La estrategia Edusi se fundamenta en una triple autorización de proyectos. En primer lugar, tienen que aparecer en un convenio inicial. En segunda instancia, han de ser validados por el Gobierno sobre una documentación que presentan los municipios correspondientes. La tercera es la propia autorización interna que tiene el Ayuntamiento antes de proceder a contratar los proyectos.

Actualmente, y según un informe realizado por ABC , la mayor parte de las grandes partidas de los Edusi siguen sin tocarse. Buena parte de los proyectos tienen el visto bueno del Gobierno pero luego el asunto se atasca cuando aterriza en la burocracia municipal. El problema añadido del Covid ha supuesto un retraso objetivo. Todas las instituciones públicas de España tuvieron que cerrar sus procedimientos de contratación durante los meses del primer estado de alarma por una disposición que pretendía evitar que los expedientes abiertos acabaran prescribiendo por la inactividad generada al mandar a los funcionarios a su casa.