El 20% de las empresas de Córdoba se plantean cambiar de actividad para sobrevivir

Se trata de un porcentaje transversal, que afecta casi por igual a los operadores de todos los sectores, incluidos los que no han tenido un golpe tan profundo como el agroalimentario, que es el que ha mantenido unos ratios de actividad. El planteamiento de empresas y autónomos es diáfano. Independiente de los cambios higiénico-sanitarios de sus negocios, tendrán que abrirse a otras modalidades de trabajo si quieren seguir abiertos, explica el sondeo. Cinco de cada diez empresas se plantean cambios internos de mayor o menos calado con el objetivo de poder volver a operar. Estos cambios incluyen desde una reorientación del negocio hasta la implantación de nuevos protocolos.

La práctica totalidad de las empresas que explican que ahora lo que toca es reemprender la actividad, volver a tener la confianza de los clientes y, sobre todo, conseguir ingresos que permitan remontar el profundo bache. A medio y largo plazo, un numeroso grupo de empresarios ha contestado que se plantea implantar nuevos procedimientos. Un 26 por ciento afirma que tendrá que realizar cambios para cumplir con la normativa. Se trata de iniciativas inmediatas como dotarse de herramientas para la distancia social de clientes y trabajadores.

El 39 por ciento de las empresas reconoce necesitar, sin embargo, inversiones en tecnología entendida ésta en un sentido amplio: incluye desde la renovación de equipos, dotarse de fibra óptica, medios de pago telemático e inversiones más potentes en marketing digital . Más incluso que las que dicen necesitar adaptaciones para no propagar el Covid-19. Todo tiene un coste. Las empresas aseguran que van a tener que realizar un gasto de unos 66.000 euros producto de las nuevas necesidades. Los autónomos, algo más de siete mil euros. La inversión media, incluyendo la economía social, es de 12.000 euros. Una de las cuestiones que parecen obsesionar a los profesionales y empresarios consultados por el informe es que el contacto con el cliente es presencial.

La realidad del cuadro es que un creciente grupo de empresas ha elegido todos los elementos que suponen acogerse a la tecnología como un elemento de relevancia. Pese a que un 12 por ciento sostiene que tiene proyectos para hacerlo, la realidad es que todos los conceptos relacionados con la digitalización se han convertido en preferencia de empresas y profesionales. Muy por encima, un seis por ciento, de los que tienen planes concretos de reducir plantillas .

La posibilidad de un crecimiento exponencial de los cierres a corto plazo es relevante, sobre todo, para los profesionales por cuenta propia, que suelen contar con estructuras menos potentes de protección. Un nueve por ciento de los autónomos y un cuatro por ciento de las empresas asegura que el cierre es una opción perfectamente previsible. Y eso ocurre en un momento en el que 2020 se prevé como un año de transición, por no decir perdido para sus cuentas de resultados. El 47 por ciento afirma que 2021 puede ser un año en el que se vuelva a conseguir un grado de negocio similar al que se tenía antes de que el coronavirus hiciera acto de presencia.

Con menos incidencia, pero no menor, se encuentra una nueva necesidad de los empresarios. Igual que hay que tener cerca a los clientes pero por otros medios, el planteamiento pasa por incentivar proveedores más próximos. El 12 por ciento explica que modificará sus procedimientos de adquisiciones con el objetivo de no volver a tener problemas de suministro. La dependencia del producto asiático, o de otros mercados lejanos, significó un desabastecimietno relevante. No obstante, los responsables del estudio realizado por la Junta siguen echando en falta un incremento de actividades clave como los servicios a domicilio o el trabajo desde casa como elementos que han definido la crisis reciente.

El informe de la Junta ha preguntado a las empresas por cuáles han sido las medidas adoptadas desde las administraciones que se consideran más útiles. Gana por goleada todas las iniciativas adoptadas para minorar el gasto de la Seguridad Social de las plantillas de las empresas y de los autónomos, muy por encima de cualquier otra iniciativa como la creación de líneas de liquidez a crédito. Según el sondeo, el 28 por ciento de los autónomos y las empresas se acogieron al cese de actividad por obligación legal. Mientras, un 27 por ciento lo hizo por una reducción sustancial de sus ingresos. Los ERTE afectan o han afectado al 14,7 por ciento de la capacidad productiva privada de la provincia. Y una de las medidas adoptadas por el Gobierno, el permiso recuperable, ha tenido una incidencia mínima, del 7%.