Claves de las reclamaciones que ultiman las comunidades de vecinos en Córdoba por la recogida neumática de residuos

Cuatro bufetes llevan la preparación de las reclamaciones. Son Lanvert, Cecilio Valverde y Asociados, Bordoy y Verumendi y una agrupación de dos despachos cordobeses (uno con la sede principal en Madrid). Salvo la formalización de alguna reclamación particular, los bufetes están pendientes de finalizar el proceso documental y pericial para presentar las reclamaciones colectivas la próxima semana.

Sobre la legitimación para reclamar hay cierto debate. Valverde defiende los intereses «de juntas de compensación, promotores y cooperativas», explicó a este periódico. Sin embargo, Carrasco sostiene que «además de las autopromociones y cooperativas», entiende que la legitimación para reclamar esta en manos principalmente de «las comunidades».

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Serán «los presidentes« de éstas, tras aprobarse en la junta de propietarios (trámite que ya está completado en la mayoría de los casos), quienes rubriquen las peticiones «en el nombre de la comunidad y de los propietarios», aclaran desde Lanvert. Desde Bordoy, además, consideran que los propietarios, a título particular, también están legitimados para hacerlo.

Las comunidades presentarán reclamaciones patrimoniales por valor de unos 160.000 euros. Manuel Carrasco, abogado de Lanvert, explicó a ABC que han estimado que el coste de la instalación de la recogida neumática —que está hecha en las urbanizaciones y por la que han pagado los propietarios sin servirle— es «entre 120.000 y 130.000 euros», a lo que añadirían la retirada de la valvulería o demolición de las instalaciones que ocupan de los edificios, lo que alcanzarían «otros 30.000 o 40.000 euros». Los particulares estarían solicitando una media de 4.500 euros como perjuicio.

El debate jurídico sobre la fecha límite para presentarlas también está abierto. «Hay un año para reclamar« desde que nació el derecho para hacerlo, explicó Carrasco. La sentencia se dictó el 14 de noviembre de 2022. Para él, el plazo finalizaría el próximo 14 de noviembre.

Sin embargo, hay quien interpreta que podría ser la firmeza de la misma. En este contexto, el Ayuntamiento publicó el 23 de agosto en el BOP un anuncio con el contenido de la resolución del TSJA, lo que podría interpretarse como el inicio de la firmeza para alargar el periodo de reclamación hasta el 23 de agosto de 2024.

Lo que está claro es que las reclamaciones deben ir contra la Gerencia Municipal de Urbanismo, es decir, el Ayuntamiento de Córdoba como entidad que aprobó el plan que ha sido anulado por el tribunal andaluz. Hay unanimidad entre los juristas en este punto. Sin debates.

Una vez presentadas las reclamaciones patrimoniales, el Ayuntamiento tendrá seis meses de plazo para contestarlas. Si no lo hace, se entenderá que se produce silencio administrativo negativo. Es decir, que se entenderán desestimadas.

En ese momento (una vez agotada la vía administrativa), comenzará a contar el plazo para que las mancomunidades, comunidades, juntas, cooperativas, autopromociones o particulares demanden a la Administración, si no atiende sus peticiones en vía administrativa, a la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valverde y Carrasco confirmaron ayer a ABC que nadie del Ayuntamiento de Córdoba, como anunció Salvador Fuentes en su momento (o ha reiterado Miguel Ángel Torrico ahora en el cargo), ha dialogado con administradores o presidentes para buscar un acuerdo o solución previa a la vía judicial. La nulidad que declaró el TSJA puede tener un impacto económico millonario.