Este Cuerpo de Seguridad del Estado, sigue la nota de prensa, dentro del operativo desarrollado ha llevado a cabo tres entradas y registros y ha incautado alrededor de 100 kilos de plantas de marihuana. Los agentes, además, han procedido a la detención del principal investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.
La investigación se inició cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que podría existir un invernadero, dedicado al cultivo y producción de marihuana, en el interior de un domicilio de Écija.
Tras diversas pesquisas que confirmaron la información, los agentes pudieron comprobar que ésta estaría relacionada, por un lado, con una segunda plantación que crecía ilegalmente en una nave industrial del citado municipio sevillano, y por otro, con una tercera que se encontraba en el polígono Los Manchones, de La Carlota.
Dichas plantaciones estaban ocultas en invernaderos, donde se llevaban a cabo labores de cultivo, cuidado y recolección de las plantas de marihuana, con el objetivo de poner la droga a la venta posteriormente en el mercado ilícito.
Todas ellas estaban conectadas fraudulentamente al suministro eléctrico, lo que suponía un permanente riesgo grave de incendio y ponía en peligro la seguridad de la zona afectada.
Un arma de fuego larga, incautada
Para desmantelarlas, señala el comunicado, el 20 de diciembre se llevó a cabo de manera coordinada un amplio dispositivo en el que los agentes, con la pertinente autorización judicial, entraron y registraron los tres principales inmuebles objeto de esta investigación: los dos de Écija y el de La Carlota.
Los policías incautaron alrededor de 100 kilos de plantas de marihuana, diversa documentación y todo tipo de útiles para el cultivo, conservación y recolección de las mismas. Recuperaron, además, un arma de fuego larga que figuraba como sustraída.
La operación culminó con la detención del principal investigado. El arrestado, tras las oportunas gestiones policiales, fue puesto a disposición de la Autoridad judicial, como presunto responsable de un delito contra la salud pública.
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