El Ayuntamiento impulsará una ordenanza 'exprés' para reducir el tráfico en algunas zonas de Córdoba

Esta decisión del Consistorio es una medida 'in extremis' en vista de la oposición del Gobierno central a conceder un aplazamiento hasta 2024, como ha pedido la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), a la entrada en vigor de estas reservas del tráfico a motor en las localidades de más de 50.000 habitantes, lo que significa que el plazo previsto inicialmente sigue en vigor: el 1 de enero de 2023.

A expensas de que el Ejecutivo fije los requisitos mínimos para articular estas zonas, el Consistorio cordobés se ha curado en salud al impulsar una ordenanza que, por la su propia naturaleza procedimental, es imposible que esté aprobada en el arranque de 2023.

En paralelo, sigue su curso el estudio técnico que el Ayuntamiento de Córdoba encomendó el pasado septiembre a una empresa privada para que se haga cargo de la redacción de las normas generales que regularán en el futuro la Zona de Bajas Emisiones.

Las ZBE están llamadas a sustituir o complementar al sistema Acire —o de acceso restringido para residentes—, y se fundamentan en la prohibición de acceso a determinadas zonas de vehículos en función del etiquetado ambiental que presenten.

El sistema está pensado para que, en el futuro, solamente puedan acceder a estos lugares vehículos que cumplan con una serie de parámetros. Y serán, básicamente, los eléctricos o los movidos por hidrógeno.

El documento marco para el diseño de estas áreas establece que sean zonas grandes dentro del municipio y que las medidas para permitir el acceso a vecinos con coches más contaminantes (como los diésel más antiguos) tengan un periodo de adaptación pero no se prolonguen indefinidamente.

Parece claro que decidir en qué partes de la ciudad queda prohibido conducir con vehículos que no sean de bajas emisiones es peliagudo, y más en estos meses que vienen de víspera de unas elecciones municipales.

La ordenanza a cuya redacción dio ayer luz verde la junta de gobierno tira por la calle de en medio. Miguel Ángel Torrico señaló que «cuando estén listas las conclusiones del informe técnico [encargado a una firma privada], se incorporarán a la ordenanza, porque es lo razonable».

La empresa tiene hasta junio de 2023 para presentar el citado documento. El teniente de alcalde de Presidencia lamentó la indefinición del Ejecutivo: «El alcalde socialista de Vigo pidió una moratoria y se rechazó por el Gobierno. Nos han cambiado el paso, pero nosotros somos una administración ágil y lo vamos a demostrar», declaró Miguel Ángel Torrico.

«En enero de 2023 no va a haber ningún ayuntamiento con las zonas puestas en marcha: ésa es la realidad, y ante ello quien tiene que responder es el Gobierno, no los ayuntamientos».