El fin de la moratoria duplica los concursos de acreedores en Córdoba

Así lo ponen de manifiesto los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que revelan que entre julio y septiembre se presentaron en Córdoba un total de 59 concursos, frente a los 26 del mismo periodo de 2021.

Cabe recordar que la moratoria concursal suspendió la obligación del deudor que se encontrase en situación de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y supuso, además, que no se admitieran a trámite las solicitudes de quiebras.

Del total de concursos presentados, 15 los interpusieron personas naturales no empresarias en el Juzgado de lo Mercantil; 9 de personas naturales empresarias; 28 llegaron de la mano de personas jurídicas y 7, de personas naturales no empresarias en los juzgados de Primera Instancia.

En lo que va de año (de enero a septiembre) se han presentado un total de 149 concursos de acreedores, en una escalada progresiva. La pandemia del Covid ha provocado daños irreparables en muchas empresas, que han desembocado, irremediablemente, en insolvencia.

De la mano de muchas quiebras han llegado despidos que han pasado por los tribunales. A lo largo del tercer trimestre del presente ejercicio, los juzgados han ingresado 330 demandas por ceses de la relación laboral: de enero a septiembre, la cifra asciende a un total de 919.

Las demandas por reclamaciones de cantidad y los procedimientos monitorios también han experimentado un incremento sustancial este último trimestre del año. Con respecto a las primeras, entre julio y septiembre se han elevado a 410, frente a las 263 del mismo periodo del año pasado. Por su parte, los monitorios ingresados han llegado a 2.782, un 43,5 por ciento más que en 2021, cuando fueron 1.938, según los datos del CGPJ.

El informe del Consejo General del Poder Judicial también recoge los últimos datos sobre ejecuciones hipotecarias. En el tercer trimestre del año se han ingresado 132. En este capítulo sí que se ha registrado un descenso más que significativo, ya que entre julio y septiembre del año pasado se dispararon hasta 385. O lo que es lo mismo, descendió en un 52,7 por ciento el total de hipotecados con dificultades para hacer frente al pago de la letra mensual que deben a su banco y eso a pesar de la elevada inflación.

La ejecución hipotecaria es el procedimiento que el banco inicia cuando el propietario de un inmueble con hipoteca deja de pagar su deuda con el objetivo de embargar la casa y sacarla a subasta.

No obstante, no todos estos procesos concluyen con el desahucio de los moradores. De hecho, los lanzamientos han descendido descendido desde que el Gobierno aprobó el escudo social durante la pandemia, una medida que supone la suspensión de los desahucios de viviendas para personas y familias vulnerables y que el Ejecutivo ha extendido hasta el próximo 31 de diciembre de 2022.

Así, en los datos del CGPJ se pone de manifiesto este descenso en los lanzamientos que contabilizan los juzgados: en Córdoba se han practicado 62 en el tercer trimestre del año; hace doce meses fueron 79.

El estudio trimestral del Consejo aborda, igualmente, los asuntos de cláusulas suelos ingresados: en los tres meses analizados cayeron a la mitad respecto al mismo periodo del ejercicio anterior:así, entre julio y septiembre se contabilizaron 186 asuntos de este tipo, frente a los 354 de 2021. En lo que va de año ascienden a 1.070.

Finalmente, el informe recoge los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas. Entre enero y septiembre han llegado a los juzgados competentes 29 causas de este tipo: 5 el primer trimestre del año, 17 el segundo y otras 7 en el tercero.