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Un juzgado investiga los siete contratos de Aucorsa remitidos a la Fiscalía por el Tribunal de Cuentas

El presidente de la empresa municipal de autobuses, Bernardo Jornado, resta importancia a estas diligencias abiertas y señala a una adaptación a la nueva normativa

El Tribunal de Cuentas afea a Aucorsa la adjudicación de servicios por 1,8 millones a dedo

Presentación de un autobús híbrido de Aucorsa en el año 2021 en Córdoba rafael carmona
Pilar García-Baquero

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El delegado de Movilidad en el Ayuntamiento de Córdoba y presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, ha confirmado este viernes de que el Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba ha abierto diligencias de investigación a petición de la Fiscalía sobre la adjudicación sin procedimiento adecuado a la normativa de contratación pública de siete adjudicaciones en Aucorsa en 2021 por un importe de 1,8 millones a instancias del Tribunal de Cuentas.

Por el momento, el titular del juzgado sólo ha admitido la denuncia de la Fiscalía donde recoge esos contratos en solfa y ha solicitado al Ayuntamiento con fecha de un auto del 28 de junio para que informe quién era el presidente de empresa municipal de autobuses en la fecha en la que se adjudicaron esos contratos en 2021. «Entendemos que una vez que se persone el Consistorio en la causa y se le ofrezcan toda la documentación que está detrás de contratos que son muy difíciles -a veces hay hasta 9.000 referencias para esas adjudicaciones- el juez decrete su archivo, como ha ocurrido con otras empresas municipales similares por esta misma denuncia del órgano fiscalizador como Tussam en Sevilla o el EMT de Madrid», ha señalado Jordano.

El responsable de Aucorsa ha contextualizado el caso abierto en los tribunales avanzando que no sólo aparecen «recomendaciones» del Tribunal de Cuenta sobre siete de estos contratos en la empresa municipal cordobesa sino que se han abierto investigaciones paralelas en otras provincias por los mismos motivos, que todo se debe a la «adaptación de la normativa« que entró en vigor en ese momento, y muchas de esas causas ya han sido archivadas.

Jordano ha arrancado su comparecencia de prensa, después de que el Grupo Municipal Socialista denunciara ayer falta de transparencia por parte del Gobierno municipal, señalando que iba a dar las «explicaciones que son obvias pero necesarias para que se valore el grado de importancia que tiene todo esto«.

El presidente de Aucorsa ha matizado que el Tribunal de Cuentas en su informe plasma el grado de cumplimiento de normativa (que ha ido modificándose desde 2016 a 2020) que obliga a empresas municipales como Aucorsa con funcionamiento similar a otras en ciudades de más de 300.000 habitantes y que trata a esta entidad igual que si fuera una Administración Pública.

Todo se debe, ha abundado Jordano, «a una serie de requisitos formales y garantías que no eran exigibles en su momento y ahora si. El Tribunal de Cuentas en base a eso emitió un primer anteproyecto sobre base de documentación y ya el pasado mes de diciembre emite un informe definitivo«.

En resumen, a juicio del presidente de Aucorsa, del informe que ha difundido el Tribunal de Cuentas «no hay nada exigible sólo recomendaciones. En este asunto no hay nada contra la empresa municipal en Córdoba en concreto sino con sus primas hermanas como son Tussam en Sevilla, EMT Madrid o Valencia«.

A juicio de Jordano, «el grado de cumplimiento es aceptable en todas ellas y que en 2021 se encontraba en fase de adaptación a la nueva normativa. Es decir, con una contratación que no existía antes se contrata por ejemplo en el apartado de »Servicios de asesoramiento« un letrado que no existía un o un nuevo sistema de adquisición de repuestos automatizado porque existen más de 9.000 referencias que no son fácil implementar».

«En agosto se cumplía el contrato con la empresa de los neumáticos; en septiembre de combustible... es difícil hacer eso en una empresa tan grande con contratos anteriores como el de «arrendamiento financiero» que partía de 2014«, ha matizado el responsable de Aucorsa.

En definitiva, para el Gobierno municipal el informe del Tribunal de Cuentas podría ser y no ha sido contundente; y por sistema, cuando termina el trabajo de fiscalización lo manda a la Fiscalía, que a su vez, lo eleva al juez instructor.

«En los contratos se optó por la mejor oferta»

«En estos contratos se optó por la mejor oferta… es innegable y está a disposición del juzgado«, ha concluido el delegado de Movilidad en el Ayuntamiento de Córdoba. La transición a la nueva normativa fue difícil, pero logramos por ejemplo mejorar y ahorrar un 20 por ciento en energía por ejemplo con Iberdrola Termino de hacerse así en septiembre de ese año.

En todo este embrollo denunciado por el PSOE, según Jordano, «lo único que vemos en normalidad en el control de la norma de un órgano de fiscalidad como es el Tribunal de Cuentas«. El único problema que han visto aquí desde el Gobierno municipal de Bellido es que «la Fiscalía de Córdoba no entra siquiera a valorar el informe del Tribunal de Cuentas donde recogen esas presuntas irregularidades en la contratación sino que directamente se traslada al Juzgado para que abra diligencias«.

Jornado ha admitido cierta responsabilidad, si se puede llamar de algún modo, al reconocer que «a lo mejor a la hora de adoptar la nueva normativa no hemos sido tan rápidos como deberíamos pero las tareas estaban bien hechas».

Reacciones de Vox

Al respecto, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha recordado este viernes que «lo que estamos viviendo con Aucorsa es la consecuencia de hechos que se llevan produciendo en la empresa sucesivamente y que en Vox llevamos denunciando desde el año 2020, llevamos pidiendo que el alcalde intervenga en Aucorsa».

Paula Badanelli ha insistido en que «hemos pedido por activa y por pasiva que se mire que está pasando en Aucorsa, llevamos meses con presiones que se llevan al Consejo de Administración y que nos sentíamos coartados en nuestra libertad y que todo el peso se hacía caer sobre nuestras espaldas, incluso como consejera pedí amparo porque se nos obligaba a votar un para la licitación de un contrato sin que hubiera financiación».

Badanelli ha advertido que «desde Vox no estamos diciendo que esto pase porque se esté malversando, ni prevaricando ni nada, pero decimos que hay un gran incapacidad para gestionar y que desde 2020 llevamos advirtiendo».

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