El caso Infraestructuras aterriza en el Tribunal de Cuentas por contratos menores del Ayuntamiento de Córdoba

Estas actuaciones corresponden a las diligencias preliminares abiertas por el Tribunal de Cuentas después de que la Fiscalía del ente fiscalizador admitiera a principios del pasado año dar traslado del inicio de la tramitación de diligencias «pre-procesales» respecto a las posibles irregularidades contables del Caso Infraestructuras.

En concreto, en estas actuaciones previas se investiga la denuncia de Hurtado en la que puso de manifiesto una serie de irregularidades en relación con cuatro contratos menores adjudicados por el Ayuntamiento de Córdoba de las que podría derivarse un «perjuicio en los fondos públicos derivados de dos escritos del Ministerio Fiscal».

Noticia Relacionada

El PSOE envía a la Fiscalía el contrato de 8.000 test de Sadeco por supuesta irregularidad

ABC Córdoba

Antonio Hurtado afirma que la empresa municipal había comprado a precio excesivo el material: 40 euros por test, «cuatro veces más de la media» descrita en un informe del Tribunal de Cuentas

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas señaló en su día que «las diferencias entre el importe total certificado y efectivamente abonado a las empresas adjudicatarias y la valoración pericial de lo ejecutado conforme a proyecto, presentan caracteres indiciarios de alcance, pues, de ser confirmados por una posterior investigación, se habría producido una salida indebida de fondos públicos, lo que obliga a su investigación», rezaba en el contenido del informe fiscal.

Entre estas órdenes de pago sometidas a fiscalización se encuentra la firmada el 10 de marzo de 2021 por el entonces responsable del Área de Hacienda, quien ordenó el pago de 48.330 euros a una constructora o también a una empresa de montajes eléctricos en ese mismo período.

La Fiscalía acordó «incoar diligencias preprocesales» y poner los hechos denunciados en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, a fin de que se nombrara delegado instructor.

En el mismo informe, la Fiscalía también apuntaba a que «el fraccionamiento de los contratos no corresponde enjuiciarlo a la jurisdicción contable, estando los hechos descritos en el Informe Provisional de la Intervención, dirimiéndose actualmente en vía judicial penal». Por tanto, desestimaba su investigación, que en alguna de las ramificaciones se ha archivado.

«En cuanto a las prácticas irregulares que se puedan haber producido en otros expedientes -prosigue la Fiscalía-, la denuncia no proporciona ningún indicio de la existencia de alcance o malversación que determine la procedencia del ejercicio de la acción de responsabilidad contable», por lo que también desestimó en su escrito inicial seguir su curso.

El que fuera responsable de Hacienda en el Ayuntamiento tenía el mandato legal de firmar todas las órdenes de pago y nóminas por su propio puesto, según han explicado a ABC expertos en la materia consultados. No cabía otra opción. «En virtud de la normativa aplicable (Ley de Haciendas Locales y Normativa Municipal) es en esa fecha Salvador Fuentes la persona designada por parte del Ayuntamiento para reconocer la obligación y ordenar el pago de todas facturas del Ayuntamiento, y por tanto también de aquellas cuya información reclama el Tribunal de Cuentas», insisten estas fuentes jurídicas.

Las facturas cuya información requiere el Tribunal de Cuentas se encuentran incluidas en las relación de obligaciones fiscalizadas por el Órgano de Gestión Económico Financiera y la Intervención Generaly, en consecuencia, aprobadas, como legalmente es preceptivo, explican a este periódico estos expertos.