IU controlará una mancomunidad de Córdoba con votos del PP y un gerente condenado por prevaricar

La Mancomunidad de la Campiña Sur ha venido siendo gobernada por el PSOE y, en concreto, por la alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona. Con los resultados de las elecciones municipales anteriores, que son los que dibujan el panorama para los siguientes cuatro años, se creó un triple empate. El partido más votado fue el PP que cuenta con diez asientos, el PSOE tiene otros diez asientos (segundo en votos) e IU cuenta con otros tantos. En este caso, con un matiz, cuenta con los dos votos de los independientes de La Guijarrosa y los dos que aporta Montemayor.

El caso es que nadie tenía por sí mismo votos suficientes y el debate era continuidad o cambio. Los populares dieron el paso (dicen las malas lenguas: a cambio de una política de no agresión con IU en Puente Genil) y tocaron a la puerta de la coalición de izquierdas. Estaban dispuestos a propiciar la presidencia de IU por medio de su voto afirmativo o abstención lo que cerraba el paso al acuerdo político 'natural' de los dos partidos de izquierda. En los plenos de las mancomunidades, todos los alcaldes son miembros natos y luego hay una serie de asientos que se asignan en función de la población. Hasta diez mil habitantes, se colocan dos puestos. De diez a 20.000, tres. Y así hasta Puente Genil, el más grande, que coloca a cinco además de su alcalde.

Miguel Ruz, alcalde de Montalbán, es el político de la Campiña que tiene todas las papeletas para llegar a la presidencia del órgano comarcal, lo que sería una muesca en el revólver de la presencia de IU en este tipo de instituciones. Ruz dijo sí en las negociaciones pero puso una única condición: él sería quien nombrase al gerente, un puesto que se aprueba en la junta de gobierno (que es una especie de plenario reducido). El PP dijo que vale y ahora tiene un problemilla con esa aceptación dado el nombre del candidato.

Los populares siempre pensaron que la candidatura lógica sería la de Javier Quijada para sustituir al exdirector de comunicación del PSOE y la Diputación José del Arco, que ha sido gerente de la Mancomunidad en los últimos mandatos. Hombre de confianza de la dirección para asuntos de gestión, Quijada fue gerente de Sadeco y del Instituto Provincial de Bienestar Social. Es una cara habitual de los trabajos de alta dirección cuando IU gestiona una institucional.

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La propuesta del futuro presidente de la Mancomunidad no fue la de Quijada lo que dejó boquiabiertos a los interlocutores populares. El elegido es Vicente Tapia, quien es un cargo municipal de largo recorrido (y que por eso cumple las condiciones de experiencia necesarias para el cargo gerencial). Ganó las elecciones en 2007 por primera vez y fue sustituido en los últimos comicios tras ser condenado a doce años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un delito de prevaricación medioambiental.

El caso de Tapia tiene que ver con las denuncias presentadas por unos vecinos de la localidad que denunciaron que el Ayuntamiento de Nueva Carteya no hacía nada para evitar los ruidos que llegaban desde un local de hostelería cercano. El exalcalde fue absuelto de un delito ambiental y la sentencia exoneró al Ayuntamiento carteyano de la responsabilidad civil subsidiaria.

El más que probable gerente de la Mancomunidad de la Campiña Sur fue condenado por la Audiencia Provincial de Córdoba y el fallo fue confirmado por la sala de los civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El exalcalde siempre se consideró inocente y siguió recurriendo hasta llegar al Supremo, del que aún no se tienen noticias.

Durante el tiempo de la condena, cuando ésta sea firme, Tapia, como autor de una prevaricación medioambiental, perdía su condición de alcalde de Nueva Carteya y la incapacidad para ser elegido como alcalde o como miembro de cualquier órgano con competencia representativa o de decisión de la Administración Pública europea, central, autonómica, foral o municipal, incluso empresas públicas o participadas por capital público, durante el tiempo de ejecución de la condena.

Jurídicamente, en tanto una sentencia no es firme, no empiezan a correr los años en los que el reo no puede ejercer un cargo público. Políticamente, IU aprobó en 2011 un código ético que obliga a dimitir a imputados y procesados, que renovó en 2015 con medidas cautelares para los investigados con casos de corrupción. El caso de Tapia es el de un sentenciado por dos instancias judiciales a un delito de los comprendidos en el capítulo contra la Administración Pública del Código Penal.

IU optó por presentar a las elecciones municipales al actual alcalde de Nueva Carteya, Eduardo García, sustituyendo al anterior regidor. La formación de izquierdas explicó que no podía presentarse de nuevo a las elecciones ya que estaba condenado por prevaricación mediambiental a una pena de inhabilitación a pesar de que la sentencia estaba recurrida ante el Tribunal Supremo. «Vicente Tapia, alcalde de Nueva Carteya, ha manifestado ante la asamblea la imposibilidad de volver a presentarse de nuevo como candidato debido a que la legislación actual no se lo permite, a pesar de no recaer sobre su persona ningún tipo de sentencia firme», dice exactamente el comunicado oficial que aún puede leerse en la red social Facebook.

En estos momentos, no hay ningún informe jurídico sobre la idoneidad del candidato a gerente a la Mancomunidad de la Campiña Sur ya que solamente está previsto que se vote al presidente. Otra cosa es en el seno de Izquierda Unida. La dirección provincial siempre defendió públicamente al exalcalde de Carteya y reconoce expresamente que es un nombre que está en la operación política de tomar el mando de la Mancomunidad de la Campiña Sur. Se han pedido informes legales con el objetivo de saber si ello es posible.