Investigan si la exdirectora de la residencia de San Andrés también se quedó con la cuota de diez ancianos más en 6 años

Esta documentación forma parte de las dos denuncias que la Administración autonómica le ha puesto a la responsable del citado asilo del barrio de San Lorenzo de la capital, una de ellas formulada a finales de este agosto y relativa a la supuesta apropiación de 30.000 euros de una interna, y otra fechada el 14 de septiembre y que se extiende a su gestión de la última década.

Antes de despedirla en la última semana de agosto, la Consejería le abrió a la directora un expediente disciplinario, porque constató un número aún por determinar de casos, pero al menos de diez, «en los que los residentes de las plazas privadas abonaban, a través de distintos medios, el coste de su plaza residencial a cuentas que la exdirectora facilitaba y que no eran de la Fundación; así pues, se llega a constatar algún abono en efectivo con la extensión del correspondiente recibí por parte de la entonces responsable del centro», según figura en la documentación del caso, a la que ha tenido acceso ABC, que avanzó la noticia en su edición del lunes.

La residencia San Andrés, en la calle de Los Frailes, cuenta con 34 plazas residenciales de las cuales 26 son concertadas y 8 privadas, y era con estas últimas con las que la Junta ha constatado que la exdirectora operaba presuntamente de modo fraudelenta. La exdirectiva, tal y como detallan los informes de la denuncia, llegó a admitir internos por encima de la capacidad del recinto y no los registraba en el libro de residentes, «con el fin de evadir los sistemas de control del centro». Cada mensualidad de un puesto privado es de 1.600 euros.

El caso del que se ocupa la primera denuncia de la Inclusión Social, la relativa a la apropiación de 30.000 euros, tuvo por víctima a una anciana sin familia, con deterioro cognitivo moderado, con trastornos de conducta, insomnio e incontinencia de esfínteres, que se desplaza en silla de ruedas y que cuenta con una pensión de 402 euros, además de no saber leer ni escribir, tal y como detalla el expediente citado.

La directora de la residencia está en libertad con cargos de estafa después de que la Policía Nacional la detuviera a finales del pasado mes de agosto y le tomara declaración, según informaron este martes a ABC fuentes del Cuerpo Nacional de seguridad. Las citadas fuentes policiales indicaron que la investigación sigue en marcha «por si hubiera más afectados», y que los movimientos de cuenta bancarias por las que la exdirectora se apropiaba del dinero de los residentes datan de mayo de este año.