Interior anula el concurso para urbanizar el solar de la antigua cárcel de Fátima y abrirá otro

Siepse no ha querido explicitar más detalles sobre esta decisión. El precio de los trabajos se había lanzado en 2,3 millones de euros y el pasado 11 de diciembre se valoró la oferta de la empresa cordobesa Jicar como único aspirante: 2.269.700 euros. La firma no llevará a cabo finalmente la obra e Interior opta por otro concurso y más plazo.

La compañía no ha querido tampoco valorar lo sucedido a preguntas de ABC, sin embargo, fuentes oficiales han aclarado a este periódico que se ha producido una divergencia por los precios y su variación respecto al proyecto original y algunos «errores» que habría detectado la licitadora en el mismo.

Aunque desde la vuelta de Navidad se ha estado intentando llegar a un acuerdo y negociar las diferencias, dado que la ley permite a único aspirante en un concurso hacerlo, finalmente no se ha cerrado tal consenso y la urbanización anhelada por los vecinos del distrito de Levante no llegará todavía.

Los solares que componen el proyecto de urbanización aprobado en octubre de 2022 por la Gerencia de Urbanismo permitirán levantar cinco edificios y dos zonas de equipamientos. Los destinados a bloques de viviendas son tres para pisos de renta libre y dos para VPO. De los equipamientos públicos, el primero ya está ejecutado: el centro cívico. El segundo, que será para el Ayuntamiento, tendrá el uso que se decida en consenso con los vecinos cuando Interior urbanice el terreno.

Una vez que esté finalizada la obra de urbanización se iniciarían las gestiones para promover la venta de suelo a través de «subasta pública. La operación de la vieja cárcel conlleva la promoción de 236 viviendas, de las que 72 serían de protección oficial y otras 164 de renta libre. El Gobierno de Pedro Sánchez está, en estos momentos, precisamente, en la línea de dar prioridad a la promoción de viviendas con suelos estatales.

La falta de uso del solar de la antigua cárcel de Córdoba es un problema que se ha eternizado en el tiempo. Lleva 23 años sin darle utilidad, ya que en el 2000 fue cuando los últimos presos del recinto fueron trasladados a la prisión de Alcolea. Tuvieron que pasar dos años hasta que el Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno firmaron un convenio en 2002 para darle uso a los terrenos. La demolición de la antigua cárcel se produjo en el año 2005, aunque una parte se conservó para el Centro Cívico.

El primer intento por urbanizar ese espacio llegó en el año 2008. Sin embargo, la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica que generó paralizó los avances. Estuvo en el cajón una década. En 2018, el Ayuntamiento de Córdoba innovó el PGOU para atender la petición de Interior para promover vivienda libre y pública en el solar. La aprobación provisional del plan de urbanización se hizo en marzo de 2021.

Urbanismo dio vía verde definitiva al proyecto en octubre de 2022, hace siete meses. Entonces, permitió el aumento de la edificabilidad para que a Interior le cuadrasen las cuentas. En esta autorización, el Ayuntamiento permitió al ministerio que incluso pudiese comercializar locales en los bajos los edificios previstos para aumentar la rentabilidad.