Los 20.000 pisos del Gobierno en suelo de Defensa tardarán más de una década en construirse

Son más de ocho millones de metros cuadrados de superficie en desuso los que Defensa venderá al Ministerio de Transportes por 620 millones de euros, para construir los 20 millares de viviendas. Los trabajos se realizarán en 14 comunidades, además de Ceuta y Melilla y llegarán a 34 municipios, a través de 50 actuaciones. Es lo que el Gobierno ha puesto sobre el papel, sin comunicar plazos ni en que estado de tramitación exacto están los suelos militares donde se quieren desarrollar las casas. Tan solo, el reparto por localidades.

Desde Sepes detallan a este periódico que las 50 actuaciones se desglosan en 18 sobre suelo finalista (donde puede construirse a corto plazo) que estarán repartidas en seis comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla. Y otras 32 cuyos terrenos se encuentran en desarrollo urbanístico y que están destinadas a 13 comunidades autónomas, además de a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En fase finalista están los suelos donde se construirán 486 viviendas en Galicia (cinco actuaciones en Ferrol, A Coruña y Pontevedra); cinco de las siete obras por las que se levantarán 1.515 casas en Castilla y León; tres de las seis en Castilla-La Mancha (462 pisos); una de las las dos construcciones proyectadas para la puesta en marcha de 112 viviendas en Comunidad Valenciana. Y otras cuatro que se reparten entre Extremadura (2), Canarias (1) y Melilla (1).

En total, terrenos que cubren poco más del 10% de las 20.000 casas planificadas, según calculan fuentes conocedoras del plan a este periódico. La inmensa mayoría (alrededor del 90%) se ubica en suelos que deben de pasar por procesos de recalificación y de urbanización. Un papeleo que está en manos de las administraciones locales y que dadas las dimensiones de algunos de los proyectos, los procesos se intuyen largos.

Ocurre por ejemplo con la operación más importante que contempla el nuevo plan. La que incumbe a los suelos militares de Campamento en Madrid (junto a los terrenos donde se llevará a cabo la histórica Operación Campamento y que también tardarán en desarrollarse alrededor de una década). 10.500 de las 20.000 viviendas destinadas a alquiler público corresponden a esta actuación y la totalidad de ese suelo no se encuentra en fase finalista, como ha podido confirmar este periódico.

Desde el área de desarrollo urbano del ayuntamiento de Madrid señalan a este periódico que los suelos que va a adquirir Transportes son urbanizables no sectorizados. Describen un arduo proceso por el que primero tienen que pasar por un plan de sectorización y el plan parcial que define los sectores y los usos de cada uno. Dos trámites, que no se solventarán en dos o tres años «como poco», calculan desde esta concejalía. Y esta será simplemente la antesala a otros desarrollos necesarios como el plan de reparcelación y el de urbanización. Y aún cuando todo eso acabe quedará la licitación de las obras. Por lo que desde el consistorio madrileño estiman que no se podrá empezar a construir en estos terrenos hasta, al menos, dentro de una década.

No ocurrirá solo en la capital. El proceso avanzará con una velocidad similar en la mayoría de los ayuntamientos, aunque dependerá de los recursos a disposición de cada uno. De hecho, desde Sepes no se atreven a pronosticar fechas -«ahora estamos enfocados en coger los suelos, estudiarlos y empezar cuanto antes su tramitación»- por experiencias anteriores y la lentitud con la que han avanzado otros grandes desarrollos urbanísticos que nada han tenido que ver con sus competencias, como es el caso de Madrid Nuevo Norte bloqueado durante 25 años.

El gestor público de suelo estatal ya conoce las dificultades de poner el primer ladrillo en este tipo de suelos. En 2008 recibió un puñado de suelos de antiguos terrenos militares de Valencia, Sevilla y Baleares adquiridos por el Gobierno de Zapatero en una inversión millonaria, cuyo objetivo era impulsar al igual que ahora promociones de alquiler social para jóvenes.

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Desde entonces Sepes está enredada en el impulso y resolución de los trámites burocráticos necesarios para que las máquinas puedan empezar a construir algo en esos terrenos: aprobación del catálogo de bienes inmuebles del plan general, remisión del proyecto de demolición de las edificiones no recuperables, aprobación del plan especial de reforma del ámbito, informes de impacto ambiental, aprobaciones provisionales y definitivos de los proyectos de reforma y edificación...una odisea que se ha prolongado durante quince años y que solo ahora, y tras una importante inyección de recursos del Gobierno en los últimos años, parece vislumbrar la urbanización de los terrenos y ya, al fin, el inicio de la construcción, que en algún caso Sepes confía en iniciar este año.

En esa situación están los antiguos terrenos del Regimiento de Artillería de Sevilla, el Cuartel de Ingenieros de Valencia, el Parque de Artillería de Valencia, S'on Busquets y C'an Escadell, en Baleares; o los célebres terrenos de la operación Campamento. Actuaciones que forman parte de las otras 16.000 viviendas destinadas a alquiler social y asequible que el Gobierno ya había activado anteriormente y que aseguran que ya están movilizadas.

Son, estas últmas, viviendas las que Sepes asegura tener ya movilizadas como parte del Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible (PVAA), con el que el Gobierno de Sánchez pretende aumentar el parque público en 184.000 casas durante el transcurso de los próximos años.

En este sentido, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró esta semana que 68.000 de ellas están ya firmadas, desarrolladas y habitadas. En este último término estarían 14.000 pertenecientes al 'banco malo' (Sareb), de las cuales 7.000 están ocupadas de forma ilegal, como ya contó este periódico.