Interior admite que baraja la reestructuración de los equipos del Seprona en la provincia de Córdoba

De esta forma, el Gobierno central confirma la denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que hablaba de esta reducción de los equipos encubierta y el oscurantismo con el que se llevaba a cabo por parte de la Dirección General de la Guardia Civil al no desvelar el número de efectivos al que afectaría desde el pasado mes de mayo.

Por ahora Interior señala en esa misma respuesta parlamentaria que «se analizará caso por caso en cada una de las unidades afectadas».

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No obstante, abundan desde Interior en esta respuesta parlamentaria en que «no se puede determinar en estos momentos qué unidades resultarían afectadas en el supuesto de que se produjera».

Interior señala además en ese último escrito fechado el pasado 23 de septiembre que en relación con las iniciativas parlamentarias de referencia, la Dirección General de la Guardia Civil, en consonancia con la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza y en coordinación con las distintas Comandancias de la Guardia Civil en las que se encuentran desplegadas unidades territoriales de la citada especialidad, «analiza permanentemente el despliegue y la situación de los recursos humanos y materiales disponibles al objeto de adecuarlos a un eficaz cumplimiento de sus misiones en las mejores condiciones posibles».

Se trata de una crónica anunciada hace meses por parte de la AUGC quien denunciaba públicamente que la Dirección General del Cuerpo había retomado la idea de reorganizar el despliegue de agentes dentro del Seprona este año en Córdoba. En un escrito esta asociación recogía el pasado mes de mayo que «en contra de lo que se había pensado la idea no había sido desechada definitivamente, sino demorada hasta que se apagaran las críticas, y al parecer ahora se ha retomado con más fuerza».

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En este sentido, explica esta asociación que hace dos años alertó de que la jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza estaba estudiando la posibilidad de reorganizar el despliegue de dicha especialidad en todo el país, incluida la provincia de Córdoba, sin informar ni contar con los guardias civiles afectados ni con las asociaciones profesionales que les representan.

Ante la oposición de AUGC y de alcaldes de los municipios afectados, así como la presentación de una Proposición No de Ley en el Congreso por diputados del Partido Popular, la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez, retiró el proyecto.

En la provincia de Córdoba, según estas mimas fuentes, se eliminarían las patrullas de Baena, Rute, Peñarroya-Pueblonuevo y Villanueva de Córdoba, para crear dos nuevas en Lucena y Pozoblanco, afectando a catorce agentes distribuidos en esas cuatro unidades, algunos de los cuales llevan más de dieciséis años en dichos destinos. De momento no hay confirmación oficial desde Interior.

El colectivo de guardias civiles argumentaba en esa denuncia que «se trata de un plan a nivel nacional cuya única motivación es la falta de efectivos en esa especialidad, y la finalidad sería reagrupar al escaso personal disponible en unidades conjuntas, porque el aumento de plantilla está descartado».

A diferencia del proyecto iniciado en 2022, añadían desde la Augc, «el actual aparenta ser más dilatado en el tiempo y progresivo, de modo que las patrullas afectadas se irían eliminando progresivamente y con un plazo máximo, por lo que afectaría tanto a los guardias civiles como a sus familias, al tener que trasladar sus domicilios a otras localidades, con todo lo que ello conlleva«.

Pero además de esos perjuicios personales y familiares, la entidad denuncia que «debe tenerse en cuenta que se tendría que cubrir la vigilancia del mismo territorio con menos personal y por lo tanto se podría ver afectado también el relevante servicio que presta en Seprona en parajes de esta provincia tan relevantes como los parques naturales de las Sierras Subbéticas y de la Sierra de Cardeña y Montoro, el Embalse de Valdemojón, la zona del río Guadalmez, entre otros».

La AUGC viene desde entonces reclamando que no se eliminen patrullas del Seprona en la provincia de Córdoba, «porque todas ellas son muy necesarias, y que se incrementen considerablemente las plantillas de las mismas para dar respuesta a las necesidades en materia de protección de la naturaleza en la que es la segunda provincia andaluza en extensión territorial, con un patrimonio natural de los más variados y ricos de toda la península».