Las necesidades históricas de la Guardia Civil en Córdoba

La última novedad en el caso de la legionela es que el cuartel de Lucena ha dado ya negativo en los análisis en los últimos días de la semana. En cualquier caso, todavía hay 14 acuartelamientos que siguen en situación de trazas positivas de legionela en el agua de los cuarteles —en el momento del cierre de esta edición—.

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Esta situación, afortunadamente, no ha significado ningún contagio conocido entre el personal de la Benemérita o los familiares que residen con ellos en los cuarteles. Sin embargo, ha puesto de nuevo de manifiesto las posibles carencias que sufre el cuerpo.

Una de las principales reivindicaciones históricas de la AUGC en la provincia de Córdoba es la necesidad de habilitar nuevos cuarteles, especialmente donde no los hay o están en situación perenne de interinidad. El portavoz de este colectivo en Córdoba, Rafael Sánchez, analiza en ABC las necesidades más perentorias en materia de infraestructuras.

La AUGC pone de manifiesto que lo más acuciante es la situación de provisionalidad que viven en La Carlota, Espejo y Palma del Río. «Llevan muchos años diciéndonos que la construcción de sus nuevos cuarteles está en situación preferente o prioritaria», asegura Sánchez, pero lo cierto es que «nunca llegan».

Los guardias civiles de La Carlota están «en una vieja instalación de la Policía Local que no cumplen los mínimos» para dar un servicio en condiciones. En Espejo, el caso es más sangrante: «Se han tenido que ir de la nave en el polígono industrial en el que estaban y ahora están en el puesto de Castro del Río». Por último, Palma del Río «tiene un acuartelamiento de los más antiguos» del país.

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El Gobierno de España, en sus respuestas en el Congreso, el Senado y en el portal de transparencia interno del cuerpo, sostiene, como adelantaba la AUGC, que «se han iniciado los expedientes para llevar a cabo la construcción de los acuartelamientos de la Guardia Civil en La Carlota y Palma del Río», pero lo cierto es que, como matiza luego Sánchez, «llevan así años, sin que se den pasos para su construcción real».

Por lo demás, el Ministerio del Interior cita que ahora mismo «están en curso las obras del cuartel en Rute», así como avanza que la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba capital recibirá un impulso de mejora con una inversión prevista de «2,5 millones de euros».

Lo cierto es que la AUGC viene criticando que el cuartel de Córdoba «de 1901 y que llegó a la Guardia Civil en 1932 es de los más antiguos», por lo que ha denunciado en múltiples ocasiones «el estado obsoleto del sistema eléctrico» que da problemas en picos de uso, entre otros motivos, porque es «de los pocos de España que mantiene un contador común para el cuartel en lugar de los individuales» para cada vivienda.

Por lo demás, el Ejecutivo de Sánchez obvia el caso de Espejo, con el Ayuntamiento intentando darle una solución a esta situación, y se expresa de forma contraria respecto a Montilla: «No se tiene previsto acometer ninguna actuación en el Puesto de Montilla». En definitiva, el Gobierno sentencia con una frase lapidaria para su argumentario que el «85 por ciento» de los cuarteles de la provincia de Córdoba «están en estado adecuado de uso».

Las desavenencias entre lo que reclaman las asociaciones de la Guardia Civil e Interior en cuestiones de plantilla en la provincia es llamativo. El Gobierno de España, este mismo año, ha contestado ya que la Dirección General de la Guardia Civil «está realizando estudios sobre una posible reorganización de unidades territoriales en diferentes Comandancias».

De momento, el Gobierno asegura que «a fecha del 29 de febrero de 2024», la plantilla en Córdoba tiene un total de «1.250 efectivos disponibles», por lo que concluye que la provincia presenta un porcentaje de ocupación «del 91,5 por ciento», que es superior a la media nacional (88,8%). Además, admite que, a 22 de marzo de 2024, hay «35 efectivos que se encuentra en situación de incapacidad temporal por una duración superior a seis meses».

La AUGC matiza esas cifras. De un lado, denuncia que «la plantilla en nuestra provincia se ha reducido un 5 por ciento en dos años, cuando lo que tenía que hacer es crecer». En este sentido, Rafael Sánchez refleja que el «mínimo que estimamos para empezar a medio ver la luz es de 1.400 agentes», pero que «la realidad es que, mes a mes, vemos los datos reales que nos dicen que la situación de activos en Córdoba es de apenas 1.100 efectivos». Es decir, que estiman un déficit de unos 300 agentes en la provincia en el día a día (por comisiones, bajas, reservas, etc), aunque las vacantes necesarias serían «unas 150, alrededor del 11 por ciento de la plantilla».

Explica la divergencia de cifras: «La Dirección General incluye a reservas ocupados y agentes en prácticasm en sus cifras, pero eso es hacer trampa». Además, «ellos hablan de una ocupación del 91,5%», asegura Sánchez, pero porque «lo que están haciendo es reducir el catalogo de puestos en Córdoba», que se ha bajado «un 7%».

Conclusión, si reducen el mínimo de agentes que creen necesarios en la provincia en el catalogo, «en lugar de ampliarlo», y contabilizan «personal que no está en servicio de calle y activo como reservas y prácticas» lo que provocan «es que engorda la cifra de ocupación», que, a su juicio, «no coincide con la realidad» ni la necesidad del cuerpo.

La AUGC describe que todos las áreas tienen déficit de personal, pero la peor situación, explican, se da en «Servicios». El Gobierno no desglosa los datos de la plantilla, salvo en el caso de que asegura que hay en Córdoba «36 especialistas» de la Guardia Civil que están «en las unidad de violencia de género y familiar (UMUME)». Pero, Córdoba es la cuarta provincia de España con menos número de agentes mujeres en el cuerpo.

Todas las partes coinciden al menos en la necesidad de reorganizar el personal de la Guardia Civil a nivel nacional. Sin embargo, discrepan en la forma. Por ejemplo, el Ministerio del Interior ha retomado el proyecto de reorganizar el Seprona, que se quedó en un cajón en el 2022, lo que afectará a los efectivos de la provinciaa.

«Lo hacen sin transparencia y sin escucharnos», afirma Sánchez. De hecho, no hay ninguna respuesta pública del Gobierno de esta tema, aunque la AUGC asegura que «en algunos casos han contactado con los agentes y también nos lo han reconocido en reuniones privadas sobre este asunto».

Este cambio de modelo en Córdoba implicará importantes cambios. Supondría la supresión de esta especialidad en los puestos de Baena, Rute, Peñarroya Pueblonuevo y Villanueva de Córdoba, para la creación de dos nuevos destinos del Seprona en Pozoblanco y Lucena.

Otra de las demandas del colectivo de guardias civiles es el estado obsoleto de la flota de vehículos del Instituto Armado en Córdoba. Según la AUGC, el parque móvil de la Benemérita en la provincia tiene una antigüedad media de 11 años y un tercio de los vehículos superan los 200.000 kilómetros.

El Gobierno tira balones fuera al respecto. Asegura que las compras están centralizadas «en función de las solicitudes de los cuerpos policiales». Sólo pormenoriza el estado de los coches que utilizan los equipos Roca, que se dedican al control de los robos en agricultura y ganadería. Asegura que disponen «de 13 coches, con una media de 13,12 años y 143.957 kilómetros». Confirman, con este ejemplo, la alta media de edad y kilómetros.

La AUGC ha denunciado que la mitad de la flota de Córdoba tiene «más de diez años», que un «tercio tiene más de 15 años» y hay 44 vehículos «con más de 20 años». La cifra de adquisiciones es llamativa. En 2023, sólo se hicieron 16 adquisiciones para la provincia cuando se dieron de baja 15 coches. Se reducía los 29 comprados en 2021 o los 40 de 2022.

A lo que suma, lógicamente, la vieja aspiración de una equiparación salarial que sigue en camino.