El presunto cabecilla del caso Infraestructuras, llamado a declarar como testigo en la causa del alumbrado público

Esta declaración, según fuentes de la investigación, se suma así a otra prevista días después de otro de los empresarios que se «quejaron» ante el entonces concejal de Infraestructuras David Dorado de la dificultad de acceder a uno de los contratos de alumbrado público por el poco margen que dejaban las luminarias de un fabricante y modelo muy concretos, así como la obligación de «subcontratar a determinadas empresas» -sin que fuera necesario- si accedían al contrato.

El Juzgado de Instrucción 2 de Córdoba que ha comenzado con muchos contratiempos la investigación por la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ha retomado para este jueves 16 de marzo parte de las declaraciones que quedaron aplazadas el pasado 22 de febero de dos empresarios que tuvieron conocimiento del supuesto 'amaño' de los contratos de este área municipal en la parte de Alumbrado Público y que dieron pie a la denuncia del exconcejal del Área de Infraestructuras, David Dorado, ante la Fiscalía.

El juez tomará declaración a estos testigos después de haber escuchado a otros dos empresarios como testigos más y a la declaración del perito que realizó la auditoría encargada por David Dorado -ya personado como acusación particular en esta causa- por estas supuestas irregularidades en la concesión de contratos.

El turno, por tanto, para abril será del principal investigado de la trama del caso Infraestructuras que se ha desmembrado en el curso de la investigación policial 'Caronte' en cinco causas más pero con la matriz en el Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba.

Cuando concluyan estas declaraciones el juez instructor llamará previsiblemente a a los ocho empresarios que formaban parte de esta presunta trama en los contratos y al jefe de la Unidad de Alumbrado Público en calidad de investigados por presuntamente «poner barreras para impedir que otros accedieran a la adjudicación de un contrato en este área del Ayuntamiento de Córdoba».

El decreto del fiscal remitido al juez revelaba que se pudo favorecer a empresas y marcas determinadas que dificultaban el acceso de las empresas a estos contratos.

El turno para la tomar declaración a los ocho empresarios investigados, en su mayoría cordobeses, relacionados con servicios o material de ingeniería eléctrica o informática, no será hasta el próximo mes de mayo, según han constatado fuentes judiciales.

Estos nueve investigados (empresarios y el jefe del alumbrado) -acompañados por sus abogados- deberán dar cuenta entonces de las presuntas irregularidades que han llevado a la Fiscalía de Córdoba a ver indicios de delito de tráfico de influencias y prevaricación dentro del área de Infraestructuras.

Entre las líneas que apuntaba la Fiscalía como irregularidades estaban que se hubieran fijado unos requisitos específicos para contratos sólo con luminarias de un único fabricante y marcas concretas de cuadros de mando, o el hecho de que se celebraran antes de iniciarse el concurso las reuniones entre el responsables del Área y los empresarios que optaban a ese procedimiento.

Uno de estos testigos llegó a declarar ante el instructor municipal de esta causa que «el problema de la adjudicación de contratos no está en sí en el precio sino en que todas las empresas que se presentan no pueden comprar ese material, es un material muy exclusivo a los que no todas pueden acceder».

Ejemplo de ello, manifestaba en una primera investigación este testigo, «es que si acceden a un material con una referencia tipo de precio de un valor de unos 500 euros, a ellos se lo venden a un precio superior a esos 500 euros por lo que no se presentan a esa licitación en la que ya saben de antemano que van a ir a pérdidas».

En otras ocasiones, relataba un segundo testigo en esta causa en su fase inicial, a una de estas empresa contratadas, en concreto «le impusieron que una gran empresa eléctrica hiciera parte de ese trabajo, y ellos no tenían por qué subcontratar cuando ellos tenían capacidad sufienciente tanto técnica como económica para realizar un trabajo».

El juez ha llamado como investigados por esos presuntos delitos tanto al jefe de Área de Alumbrado Público como a las ocho empresas «por su posible cooperación».